Las “facturas sorpresa” que cada año cuestan millones de dólares a pacientes en hospitales estadounidenses están finalmente condenadas a desaparecer gracias a una nueva legislación que comenzará a aplicarse en 2022.
La ley, escondida en el inmenso paquete de estímulo aprobado en Washington para cerrar el año, busca acabar con una práctica odiada casi por todos, pero que ha tardado años en ser frenada a causa de los multimillonarios esfuerzos de “lobby” de las compañías que se benefician de ella.
Las conocidas como “facturas sorpresa” se dan habitualmente cuando un paciente acude a un hospital que está dentro de la red cubierta por su seguro, pero es tratado por un médico u otro profesional que no está dentro de esa red.
Ese médico factura sus servicios por separado y a un precio más elevado -al no tener un contrato con la aseguradora- y, cuando el seguro rechaza cubrirlos -por ser precios excesivamente altos- recae en el paciente el pago.
Según varios estudios, la situación se da el 20 por ciento de las veces en que un estadounidense visita las urgencias de un hospital, donde obviamente no está en situación de elegir qué doctor le trata ni de informarse de antemano de los costes a los que puede enfrentarse.
También es habitual encontrarse con este tipo de situaciones en los traslados a los hospitales, con ambulancias que no forman parte de la red cubierta por la aseguradora a pesar de que el centro médico sí lo está.
“Es terrible”, asegura a Efe Fiona Scott Morton, profesora de Economía de la Universidad de Yale y que ha investigado el problema en los últimos años.
Precios inflados
La “factura sorpresa” media es de algo más de US$600, pero son habituales los casos donde éstas ascienden a miles de dólares o incluso superan los US$100,000.
“Estos precios son a menudo tres veces más que los habituales”, explica Scott Morton, que subraya que, ante la ausencia de un acuerdo con las aseguradoras, el médico puede “cobrar literalmente el precio que quiera”.
El fenómeno de las “facturas sorpresa” se ha disparado en los últimos años, con empresas de dotación de personal que lo han convertido en su modelo de negocio y que han atraído el interés de firmas de inversión.
La táctica de estas compañías pasa por contratar a médicos que trabajan en salas de urgencias y sacarlos de los acuerdos entre el hospital y las aseguradoras, para que así puedan cobrar precios más altos.
“Es una táctica de engaño que está claramente haciendo daño a los consumidores y elevando los costes de la sanidad”, señala Scott Morton.
Sin embargo, con cantidades millonarias invertidas en ese negocio, varias firmas de capital privado han gastado grandes sumas de dinero en los últimos años para impedir que se regulase una forma de hacer negocio que ha sido muy criticada por las aseguradoras y los usuarios.
Lo impopular de estas prácticas quedó claro con el apoyo bipartidista que recibió la ley que las prohíbe en un legislativo estadounidense tremendamente fracturado.
Una solución, pero no completa
A partir del año próximo, cuando proveedores médicos y compañías de seguros no logren acordar un precio, deberán usar un sistema de arbitraje para que fije una cantidad “justa” basada, en parte, en el coste de servicios similares.
Así, los pacientes estarán protegidos de estas “facturas sorpresa” y, como mucho, tendrán que hacer frente a los pagos que su plan de seguro requiera para tratamientos dentro de su red.
El mecanismo de arbitraje decidido finalmente es fruto, en parte, de los esfuerzos de “lobby” de la industria, que consiguió evitar una prohibición total de la práctica u otras fórmulas como unos precios fijados de antemano.
Según algunos analistas, la crisis del covid-19 ayudó a esos intereses, al hacer que los legisladores tuviesen más reparos a la hora de frenar algo que beneficia a muchos médicos en plena pandemia.
La nueva ley excluye además a las ambulancias, que son responsables de un número importante de “facturas sorpresa”, aunque sí prohíbe la práctica en el caso de los transportes aéreos, que generan algunos de los sobreprecios más elevados.
En un caso casi emblemático de este problema, el pasado abril una mujer enferma con covid-19 se encontró con una factura de más de US$52,000 tras ser trasladada en helicóptero de un hospital de Filadelfia a otro situado a algo más de 30 kilómetros mientras estaba intubada e inconsciente.
