El ministro alemán de Finanzas, Olaf Scholz, ha expresado su optimismo respecto de la posibilidad de alcanzar dentro de los plazos establecidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) un acuerdo global sobre la fiscalidad de las grandes empresas digitales que incorpore el apoyo de Estados Unidos.
“Estoy realmente seguro de que lograremos un acuerdo”, ha señalado el ministro alemán en una entrevista con la cadena CNBC, recogida por Europa Press, solo un día después de haber mantenido su primer contacto telefónico con la nueva secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen.
“Es altamente probable que alcancemos el éxito por el que estamos trabajando tan duro y la nueva Administración (de EEUU) me dio la impresión que comprende la necesidad de un acuerdo en este campo y que trabajarán con todos nosotros para encontrar una solución, lo que pienso que es un gran éxito”, ha explicado.
La nueva secretaria del Tesoro de EEUU ya había expresado durante la confirmación de su nombramiento en el Senado su respaldo a una tasa global para los gigantes digitales y a la participación activa del Gobierno estadounidense en las negociaciones al respecto en el seno de la OCDE.
El pasado mes de octubre la OCDE tuvo que aplazar el calendario previsto en relación con las negociaciones sobre el nuevo marco internacional sobre la fiscalidad de gigantes digitales, que originalmente preveía un acuerdo para finales de 2020, pero que ha sido retrasado hasta mediados de 2021.
En este sentido, el ministro de Economía, Finanzas y Recuperación de Francia, Bruno Le Maire, expresó esta semana su confianza en que se pueda llegar a un acuerdo con EEUU, en el marco de la OCDE, sobre el impuesto digital para primavera de 2021, después de que Yellen se mostrase receptiva a llegar a un compromiso sobre tributación internacional sobre los dos pilares planteados por la OCDE: tributación digital y un tipo mínimo efectivo en el Impuesto sobre Sociedades.
“Existe la posibilidad de que este nuevo sistema tributario internacional esté listo para finales de primavera de 2021”, explicó el ministro galo durante su intervención en el Foro Económico Mundial, donde aseguró que Francia, uno de los países que ha sacado adelante unilateralmente su propia ‘tasa Google’, realizará todos los esfuerzos necesarios para allanar el camino y que se pueda llegar a un acuerdo.
A mediados de enero, en una de las últimas actuaciones de la anterior Administración, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) concluyó que los impuestos a los servicios digitales aprobados en España, Austria y Reino Unido son discriminatorios para las empresas estadounidenses e incompatibles con los principios de tributación internacional por lo que, a pesar de no adoptar ninguna acción específica en ese momento, advirtió de que continuará evaluando todas las opciones disponibles.
En el caso de la ‘tasa Google’ española, afirmaba que, por su estructura y funcionamiento, esta discrimina a las empresas digitales estadounidenses, tanto por la selección de servicios cubiertos como por los umbrales de ingresos, señalando que el impuesto “no es razonable porque es incompatible con los principios internacionales sobre fiscalidad”, además de que grava o restringe el comercio estadounidense.
El nuevo impuesto en España, que entró en vigor el pasado 16 de enero, grava a aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, €750 millones y con ingresos en el país superiores a los €3 millones, dirigiéndose a servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos.
No obstante, el Gobierno español ha asegurado que el gravamen tendrá “carácter transitorio” hasta que se apruebe una normativa mundial o europea en el marco de la OCDE o el G20.
El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, criticó recientemente la introducción unilateral por algunos países de impuestos digitales, advirtiendo de que esta vía podría desencadenar represalias por parte de otros, haciendo retroceder la situación “no solo a una ‘guerra fiscal’, sino a una ‘guerra comercial’ que sería mala para todos”.
