La aprobación de un acuerdo entre República Dominicana y los Estados Unidos para instalar en los aeropuertos áreas de prechequeo a los pasajeros con destino a la nación norteamericana constituiría «un atentado a la soberanía nacional», al facultar que uniformados extranjeros operen en territorio dominicano.
A través de un comunicado extendido a los medios de comunicación, cuatro exjueces del Tribunal Constitucional (TC) denunciaron la promoción del acuerdo «por diversos sectores nacionales» que alegan que la medida agilizaría el flujo de pasajeros en el aeropuerto de Punta Cana, así como otros beneficios para el turismo dominicano que los magistrados cuestionaron.
«La verdad sobre el referido prechequeo es que forma parte de un programa de los Estados Unidos con el propósito de prevenirse de los terroristas, así como de otras amenazas a la seguridad nacional en el ingreso al territorio norteamericano, existentes en tan solo seis países del mundo», informó el comunicado, suscrito por Leyda Margarita Piña Medrano, Jottin Cury David, Wilson Gómez Ramírez y Katia Miguelina Jiménez Martínez.
Sustentaron que la propuesta realizada en el acuerdo, cuyo proceso de control preventivo cursa en el Tribunal Constitucional desde finales del 2016, permitiría que funcionarios de la Dirección de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) del Departamento de Seguridad de Estados Unidos autoricen los procesos de migración y aduanas en el transporte aéreo de pasajeros para entrar a ese país.
«Desde el instante que se autorice la presencia continua de funcionarios armados extranjeros en áreas de preautorización, las autoridades aduanales e inspectores dominicanos estarán al servicio de los Estados Unidos, evidenciándose así una penosa subordinación a un gobierno extranjero desde una función pública», advirtieron los magistrados, añadiendo que la medida viola los artículos 3 y 6 de la Constitución, al implicar una cesión de soberanía.
El artículo III del convenio, en su punto 4, dispone que las partes reconocen que los pasajeros prechequeados en República Dominicana deberán someterse a una nueva inspección de seguridad a su llegada a los aeropuertos estadounidenses, lo que contradice las intenciones de facilitar el proceso de inspección a la hora de viajar y lo que manifiesta una carencia de reciprocidad «en todos los componentes del acuerdo».
Solicitudes de asilo
Una de las partes integrales del acuerdo incluye un anexo en el que se obliga al Estado a designar, luego de un consenso con las autoridades norteamericanas, las políticas internas a seguir para quienes, desde territorio dominicano, soliciten asilo a los Estados Unidos en materia de refugiados.
Si bien la normativa de protección internacional está sujeta a cada territorio, Estados Unidos excluye de este ámbito las áreas de preautorización que tienen en otros países, lo que puede convertirse en un medio para obstruir la formalización de las solicitudes de asilio.
Los constitucionalistas resaltaron que el acuerdo impone medidas de actuación a República Dominicana de manera arbitraria, una acción «que es a todas luces inadmisible, humillante y propias de una etapa colonial teóricamente superada».
«Los Estados Unidos tienen derecho a diseñar estrategias para proteger sus fronteras de cualquier amenaza que pudiera poner en riesgo la seguridad de su territorio, pero corresponde a los dominicanos y dominicanas defender su soberanía, la cual es exclusiva, suprema e inalienable», concluyeron.
