El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles las reglas del programa más importante del fondo europeo de recuperación, que establecen las condiciones y el procedimiento para acceder a los €672.500 millones que distribuirá a los Estados miembros entre transferencias y préstamos.
El reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RFF) ha salido adelante con 582 votos a favor, 40 en contra y 69 abstenciones. Ahora debe ser aprobado formalmente por el Consejo de la UE (que representa a los países) y publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea a mediados de febrero.
Una vez completado este proceso, los gobiernos podrán enviar a la Comisión Europea sus planes con las reformas e inversiones que financiarán estas ayudas. A España le corresponden unos €70,000 millones en transferencias no reembolsables y un montante en créditos de hasta el 6.8% del PIB de 2019.
Bruselas ya lleva trabajando varios meses con las capitales para diseñar estas estrategias, aunque el vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis, explicó en un debate este martes que todavía queda “mucho trabajo por delante”. El letón informó de que incluso los 18 países que tiene unos borradores “más avanzados” tienen que seguir trabajando en los detalles.
Estos planes deben contener un “equilibrio adecuado” entre reformas e inversiones, señaló Dombrovskis ante los eurodiputados. El RRF, en concreto, financiará medidas puestas en marcha desde febrero de 2020 y hasta agosto de 2026. El 70% de los fondos serán desembolsados entre este año y 2021.
Finalmente serán seis los pilares en los que estará centrado el RRF y los más importantes apoyar las transiciones ecológica y digital. Las estrategias nacionales tendrán que reservar un 37% y un 20% de las ayudas a estos dos objetivos, respectivamente. Además, deberán impulsar el crecimiento económico, apoyar la cohesión social y territorial o mejorar el funcionamiento institucional.
El proceso de aprobación
Bruselas dispondrá de un plazo de dos meses para evaluar los planes remitidos por cada gobierno. En esta tarea tendrá que valorar si las estrategias se adecuan a los objetivos establecidos, si recogen el equilibrio exigido entre inversiones y reformas o si contribuye a impulsar las transiciones ecológica y digital, entre otras cuestiones.
Otra de las condiciones para acceder a estos fondos es que los planes nacionales aborden “todas o un conjunto significativo” de las recomendaciones económicas que la Comisión Europea ha hecho a cada uno de los países en sus evaluaciones macroeconómicas anuales. Es decir, en palabras de Dombrovskis, el plan anticrisis estará “anclado” al llamado Semestre Europeo.
Este punto es el que obliga a España a acometer reformas para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones o retocar la legislación laboral para facilitar la contratación indefinida. Otras recomendaciones que las autoridades europeas han dirigido a España pasan por mejorar le apoyo a las familias, adoptar inversiones para fomentar la innovación, la eficiencia energética, mejorar las infraestructuras ferroviarias para el transporte de mercancías, aumentar el apoyo a la I+D y avanzar en la ley de unidad de mercado.
El análisis que haga el Ejecutivo comunitario haga de cada plan nacional pasará entonces a las manos del resto de socios, que tendrá que determinar si da su visto bueno o exige algunos cambios antes de aprobarlo. Una vez obtenida la ‘luz verde’ del resto de los Estados miembros, la UE podrá desembolsar a un anticipo equivalente al 13% de la ayuda total, que en el caso de España ascendería a unos €10,000 millones.
Dos desembolsos al año
A partir de este punto, los países sólo recibirán las ayudas comprometidas a medida que vayan completando una serie de hitos y objetivos establecidos previamente en los planes de recuperación que hayan sido aprobados.
Para ello, Bruselas evaluará las solicitudes que envíen los gobiernos dos veces al año y los fondos serán desbloqueados si la Comisión comprueba que se han logrado las metas fijadas. Por el contrario, si el Ejecutivo comunitario concluye que el país no ha logrado superar los hitos y objetivos establecidos “satisfactoriamente”, puede suspender todo o parte del desebombolso.
El reglamento también prevé que se congelen las ayudas de este fondo si un país incumple sus objetivos de reducción de déficit y deuda públicas. Sin embargo, esto sólo podrá suceder cuando las reglas fiscales europeas, ahora suspendidas por la pandemia, vuelvan a aplicarse. Además, la suspensión sólo afectará al 25% de los fondos comprometidos o a un montante de hasta el 25% del PIB del país afectado.
No obstante, no podrá efectuarse ningún pago hasta que los veintisiete parlamentos nacionales hayan aprobado la Decisión de Recursos Propios de la UE, que es la normativa que permite a la Comisión Europea captar fondos en los mercados de deuda. A día de hoy, sólo seis países han completado este procedimiento (Croacia, Chipre, Eslovenia, Portugal, Francia y Bulgaria).
