Autoridades de América Latina y el Caribe se comprometieron este jueves y extendieron su llamado para acelerar acciones que eviten un incremento de los 10.5 millones de niños que trabajan en la región debido a los efectos de la pandemia del coronavirus en las economías de los hogares más vulnerables.
Los presidentes de Colombia, Guatemala, Perú, así como representantes de Costa Rica y Jamaica respondieron de este modo al llamado de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para participar en el lanzamiento del Año Internacional de la Erradicación del Trabajo Infantil.
En un evento virtual, el director regional de la OIT, Vinicius Pinheiro, alertó que, a consecuencia de los efectos sociales y económicos de la pandemia, «en un año se puede retroceder los avances de una década» contra la explotación y el trabajo infantil.
La OIT estimó que el año pasado unos 300,000 niños y adolescentes «podían regresar al trabajo infantil por el impacto de la crisis».
En ese sentido, pidió a las autoridades de la región a tener «un compromiso sostenido del más alto nivel para poner fin al trabajo infantil» y apostar por acciones conjuntas para enfrentar este problema multicausal.
«Es tiempo de actuar de manera decisiva para mantener lo logrado, en lugar de retroceder», anotó Pinheiro.
A nivel mundial, el trabajo infantil se redujo en casi 100 millones de menores, entre el 2000 y 2016, y actualmente afecta a unos 150 millones de niños y adolescentes, según cifras de la OIT.
Niñas trabajadoras
Durante el evento, la activista peruana Sofía Mauricio dio un conmovedor testimonio sobre su propia vida como empleada doméstica desde los 7 años de edad, cuando dejó su humilde casa en la andina localidad de Cajabamba para trabajar en distintos hogares hasta llegar a la ciudad de Lima.
El trabajo en casas de extraños, donde recibía maltratos y violencia, «nos deja cicatrices y una generación sin el derecho de disfrutar de su niñez», afirmó Mauricio.
La pérdida del trabajo y el incremento del trabajo precarizado en los adultos por la pandemia, «tiene como resultado el incremento del trabajo infantil, donde muchos trabajarán solo por la comida», anotó la también directora del programa No Somos Invisibles.
Precisamente, la pérdida de empleos como efecto de la pandemia y el incremento de la pobreza monetaria podría afectar directamente a 51.6% de la población infantil, anotó la secretaria ejecutiva de Cepal, Alicia Bárcena.
Efecto del cierre de escuelas
El cierre de escuelas tiene un impacto en la seguridad alimentaria de los niños de los sectores vulnerables y estas son «condiciones que aumentan las posibilidades de incorporación prematura de los niños al mercado laboral en condiciones precarias», indicó Bárcena.
«Al menos 109,000 a 320,000 niños podrían ingresar al mercado de trabajo sumándose a los 10.5 millones que ya están en trabajo infantil», estimó.
La Cepal, en conjunto con la organización de las Naciones Unidas, ha propuesto universalizar el acceso a la seguridad social, garantizar la educación para todos, sin discriminación, y con adaptación a las nuevas tecnologías, entre otros aspectos, para garantizar el mejor desarrollo de los niños en la región.
Colombia reduce cifras
El presidente de Colombia, Iván Duque, declaró que en su país unos 58,000 niños dejaron de trabajar, entre 2018 y 2019, reduciendo su tasa de trabajo infantil a 5.4% de la población.
Con acciones como la capacitación y herramientas de registro de este flagelo, Colombia tiene a más de 11,000 menores registrados con la actividades que desempeñan y verificados para restablecer su derecho a la educación, indicó el mandatario.
Duque reiteró que su compromiso es impedir y erradicar esta actividad en su nación con miras al objetivo de desarrollo de las Naciones Unidas, de eliminar el trabajo infantil hacia el 2025.
Plan piloto en Guatemala
A su vez, el gobernante de Guatemala, Alejandro Giammatei, expresó que «ahora más que nunca, lucharemos porque nuestros niños puedan ser niños».
Giammatei resaltó que más del 33% de su población es menor de 14 años y, por lo tanto, el Ejecutivo ha priorizado políticas y acciones que permitan alcanzar el desarrollo social de este sector.
El mandatario detectó la necesidad de ampliar la cobertura en educación y protección civil, pues ahora «se suman los desafíos derivados del Covid-19 que generan mayor vulnerabilidad», especialmente en la zona rural de su país.
Recordó que en 2020 su gobierno inició un plan piloto que incluyó el mapeo de programas dirigidos a la infancia y una política pública en municipios con el acompañamiento de la OIT.
Bicentenario sin trabajo infantil
Por su parte, el presidente de Perú, Francisco Sagasti, recordó que este año su país celebra el bicentenario de la independencia y expresó sus deseos de «confianza y esperanza en el futuro, que podamos consolidar el sueño libertario y lograr que los niños accedan al desarrollo pleno y seguro de toda su potencialidad».
Sagasti afirmó que Perú tiene una trayectoria sostenida en lucha contra el trabajo infantil, mediante la ratificación de los convenios de la OIT sobre la edad mínima para trabajar y sobre la erradicación de las peores formas de trabajo infantil.
«Estos compromisos están siendo implementados a través de la estrategia nacional para la prevención y erradicación del trabajo infantil», agregó.
Costa Rica comprometida
Por su lado, el vicepresidente de Costa Rica, Marvin Rodríguez, declaró que «un país que no protege a su niñez, es un país que compromete su futuro», tras señalar los esfuerzos que su nación realiza para alcanzar el referido objetivo de desarrollo.
«No es posible que se prive del derecho al estudio, se limite sus derechos plenos, con la intención de apoyar a sus familias. Esta situación agrava nuestra realidad en tiempos complicados», afirmó Rodríguez.
En tanto, el ministro de Trabajo de Jamaica, Karl Samuda, instó a las entidades privadas a unirse a la campaña «Jamaica dice no al trabajo infantil» y anunció una campaña integral de educación pública.
