[dropcap]N[/dropcap]ombrada recientemente la “Grecia de América”, la isla de Puerto Rico se encuentra cada vez más en una situación de recesión económica. Su gobernador, en en discurso la semana pasada, informó que el estado pronto no podrá honrar los compromisos a sus deudores.
Esto se debe a la imposibilidad de reunir los fondos para cumplir con las fechas de pago en un futuro a corto plazo. Los próximos pagos suman un total de US$390 millones y se vencen los días 10 y 15 de julio.
Según el Bureau of Labor Statistics, el desempleo en Puerto Rico ha disminuido del 16.9% en mayo de 2010 a 12.4% en mayo de este año.
Pese a ello, los crecientes niveles de deuda de ciertas instituciones suman US$73 billones, mientras que las medidas de austeridad, como el alza de impuestos, se van acentuando. Algunas de las instituciones con elevadas cantidades de deuda son la Autoridad de Energía Eléctrica (PREPA), con US$9 billones y Acueductos y Alcantarillados (PRASA) con 4.8 billones. El sector hotelero, liderado por la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico (PRHTA), suma US$6.5 billones.
Dentro de los distintos tipos de bonos emitidos por el gobierno puertorriqueño, los bonos “COFINA” de la Sales Tax Financing Corporation, que ascienden a un monto de US$15.2 billones, son particularmente delicados de poseer, ya que estos son respaldados por los impuestos al consumidor.
Algunos políticos, entre ellos Hillary Clinton y el senador Bernie Sanders, establecen que sería necesario que el Congreso apruebe una ley que facilite a Puerto Rico acudir al Capítulo 9 de la Ley de Bancarrota. Esta permite a los estados presentar sus municipios e instituciones en estado de bancarrota como fue el caso de Detroit en julio de 2013. Dicho proceso fue llevado a cabo por el juez Steven Rhodes, quien ha sido contratado recientemente por el Banco Central de la isla para ayudarla a dirigirse hacia la mencionada solución.
No obstante, el gobernador aclaró que el objetivo inmediato es negociar con los acreedores de las deudas que se vencen próximamente para entrar en estado de mora y no de impago, por lo que se esperan largos procesos en la Corte, ya que muchos de estos fondos de inversión y cobertura ya están trabajando con firmas de litigio para prepararse a eventuales restructuraciones de las deudas.
