[dropcap]N[/dropcap]o hay duda de que el sector energía es una prioridad del Gobierno actual. Por esta razón, el Gobierno ha emprendido un proyecto de construcción de dos plantas de generación de energía eléctrica a base de carbón mineral en la provincia de Peravia.
Estas plantas, cada una generando 360 megavatios, vendrían a suplir una importante proporción de la demanda de energía eléctrica del país, al punto de tener mayor capacidad de generación de la que se demanda.
De otro lado, la energía renovable constituye una fuente de mucho potencial en el mercado por varias razones: impacto ambiental mínimo, no requiere de insumos caros y renovables, es parte importante de una estrategia nacional de diversificar las fuentes de energéticas.
En este sentido, la Ley 57-07 sobre Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energía ofrece facilidades a quienes desarrollan proyectos de energía renovable, incluyendo exención de impuestos sobre la renta y a la importación de equipos.
Pero, ¿qué tienen que ver las plantas de carbón con la energía renovable?
La razón por la cual el Estado ofrece incentivos tributarios a quienes desarrollan proyectos de energía renovable se debe a que estos proyectos deben competir contra otras fuentes de energía que pueden ser igual o más costo-eficientes. Por ende, dado el interés del Estado en fomentar este mercado, resulta necesario ofrecer ventajas mediante ley para incentivar el uso de las fuentes de energía renovable.
Pareciera extraño que el mismo Estado se abocara a desarrollar un proyecto de energía no renovable (carbón) que pareciera competir con los proyectos de energía renovable. Más aún pues uno de los objetivos del proyecto, según declaraciones de las autoridades, es bajar el precio promedio de venta de energía eléctrica en el país.
Resulta evidente que estamos frente a dos objetivos contradictorios: por un lado reducir el precio promedio de la energía eléctrica, y por otro incentivar la generación de energía renovable.
Por igual, ante la puesta en marcha del Ministerio de Energía y Minas, resulta necesaria la reevaluación de la política de energía renovable del Estado.
Esta reevaluación debe descansar sobre dos pilares fundamentales: continuar y expandir la política de incentivos para el desarrollo de proyectos de energía renovable, y de crear mecanismos administrativos de mayor eficiencia para la aprobación de este tipo de proyectos.
No debemos dejar atrás la energía renovable por la única razón de que el Estado está inmerso en el proceso de construcción de dos plantas de generación de energía eléctrica a base de carbón mineral.
