La movilidad eléctrica no solo mejora la eficiencia en el transporte, también es fundamental para alcanzar la sostenibilidad energética de los países, ya que los motores con esa tecnología aprovechan el 90% del potencial. Además, los vehículos eléctricos se complementan motivan al uso de fuentes renovables de energía.
A diciembre de 2020 República Dominicana contaba con 1,905 vehículos eléctricos, según la Dirección General de Aduanas (DGA). Sin embargo, de acuerdo a la Asociación de Movilidad Eléctrica Dominicana (Asomoedo), a la fecha hay 2,200 automóviles.
Aunque República Dominicana carece de un reglamento que incentive y norme el uso de estos vehículos, la Superintendencia de Electricidad (SIE) trabaja de la mano con la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ) en unos estudios que permitan crear un nuevo marco regulatorio mediante la modificación de la Ley 103-13 de Incentivo a la Importación de Vehículos de Energía no Convencional y la Ley 57-07 Sobre Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables.
Además, buscan normar la calidad del servicio de la carga para los usuarios de vehículos eléctricos y el tema tarifario.
Según el superintendente de Electricidad, Rafael Velazco, se estima que el nuevo marco regulatorio esté listo y en aplicación a finales de este año. El funcionario ofreció estas declaraciones durante su participación en el especial de “Movilidad Eléctrica en RD” organizado por el Portal Movilidad.
“Ahora tenemos el reto de normar el sector de la movilidad eléctrica en el país, pero sin poner trabas para su desarrollo”, dijo el funcionario. “Aún no existe una iniciativa concreta de cambiar los vehículos del transporte público y privado, sino que ha sido un empuje del sector privado”, agregó.
Explicó que es más rápido y efectivo trabajar en un reglamento para la regulación, por medio de las leyes existentes y no someter una nueva legislación al Congreso Nacional.
Sin embargo, el diputado Hamlet Melo afirmó que en el Congreso se está trabajando para modificar la Ley 103-13, con el objetivo de que los vehículos eléctricos tengan mayores incentivos, ya que su participación en el parque vehicular aun es tímida.
El legislador aseguró que se está trabajando para que se apliquen las leyes y se implementen políticas públicas que puedan hacer crecer la movilidad eléctrica.
En ese sentido, el director ejecutivo de Asomoedo, Federico Castillo, afirmó que la exoneración de un 100% a la importación de vehículos eléctricos para el uso público y privado, por lo menos por cinco años, ayudaría a que el mercado se desarrolle y el país cuente con un sistema de movilidad sostenible más amplio.
Infraestructura de carga
El viceministro de Energía y Minas, Rafael Gómez del Guinde, destacó que República Dominicana debe contar con cargadores eficientes y de rápidos. “Se tiene que regular el tipo de cargador que se va a utilizar y el tipo de carga y ya se está haciendo una evaluación junto a la Comisión Nacional de Energía (CNE) para normalizar ese tema”, dijo.
En cuanto a la tecnología, Del Guinde explicó que se pueden adoptar todas aquellas que cumplan con los requisitos y las licitaciones que serán establecidos en el reglamento que se está trabajando, en el cual se especificarán los tipos de cargadores que podrán usarse.
“Es muy poco lo que se ha hecho en cuanto a movilidad eléctrica, pero se está trabajando para que eso cambie”, resaltó.
En el caso de Empresas de Distribución de Electricidad (EDE), Velazco aseguró que han entendido que su función es ser suplidoras mayoristas de energía y no propietarias de las estaciones de carga. “El gran negocio de las distribuidoras será ser un suplidor mayorista a los centros de carga”, afirmó.
En ese sentido, el gerente general de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur), Milton Morrison, aseguró que están evaluando la expansión de toda la estructura que tiene que ver con la movilidad eléctrica, bajo un esquema de alianza público-privada, para lograr un mayor desarrollo de la electromovilidad.
Explicó que como el negocio de las empresas distribuidoras es vender electricidad y existen empresas que tienen un plan de desarrollo de la infraestructura de carga, hicieron un convenio con Evergo para ser proveedor de la energía que se usará para cargar los vehículos.
“El rol del Estado es fomentar el desarrollo de las inversiones y no ser un competidor del sector privado”, puntualizó.
Adelantó que a través de un acuerdo se decidió trabajar con una tarifa técnica de baja tensión simple dos (BTS 2) para la movilidad eléctrica. Esa tarifa establece el costo del kilovatio/hora y permite recuperar todos los costos asociados a la distribución, debido a que no genera pérdidas para las empresas distribuidoras.
Además, permite que las empresas que instalen los cargadores recuperen su inversión y el consumidor final también tendría un ahorro significativo al emigrar del combustible a la electromovilidad.
Desafíos de la movilidad eléctrica
El costo de la carga por potencia representa uno de los mayores desafíos que tiene la movilidad eléctrica, debido a que los usuarios de vehículos eléctricos que tienen cargadores residenciales podrían verse afectados con un cambio de tarifa por un aumento en el consumo de potencia.
Rafael Velazco indicó que para trabajar esa parte, la SIE ha recibido un equipo de Corea del Sur que estudia cómo normar las instalaciones de los cargadores de vehículos en los parqueos residenciales.
En ese sentido, el gerente local de InterEnergy Group, Roberto Herrera, afirmó que la falta de estándares de cargadores está frenando el avance de la movilidad eléctrica en el país, ya que disminuye la posibilidad de que los usuarios tengan más alternativas al momento de cargar sus vehículos. Cada región ha hecho una apuesta de tecnología particular y eso representa un obstáculo.
