Reformar el sistema tributario siempre ha sido un tema que genera fricción. Es inevitable. Ya sea porque al ser humano le desagrada pagar impuestos o porque no se siente conforme con lo que recibe a cambio, hablar de tributos resulta ser un tema que genera todo tipo de posiciones.
República Dominicana, a partir de la Estrategia Nacional de Desarrollo, debe avocarse a un proceso de revisión profunda en su esquema fiscal si quiere alcanzar niveles de ingresos, respecto a su producto interno bruto (PIB), que posibiliten el desarrollo sostenible e inclusivo. Quizá la discusión no sea respecto a la necesidad de reformar el sistema tributario, porque la Ley 1-12 lo establece desde hace nueve años, sino que la forma en que habrá de hacerse.
Hay diferentes enfoques en este sentido. El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) elaboró un proyecto de reforma hace aproximadamente seis años. Todos los actores políticos, empresariales y de toma de decisiones del país lo conocen. Podría ser, si así lo entiende la sociedad, un excelente punto de referencia.
El problema, sin quizá, ha sido dejar todo para después. Ahora, quizá más que antes, está la urgencia de reformar el sistema tributario, pero el contexto de crisis y presión económica en que está el mundo, a propósito de la pandemia, desaconseja que se haga. De hecho, organismos internacionales de reconocida reputación piden cautela.
Economistas, empresarios y autoridades del Gobierno están conscientes de la necesidad de reformar el sistema tributario a través de un pacto fiscal que realmente sea efectivo y garantice alcanzar las metas de recaudación que demanda la nueva realidad económica del país.
El tema ha sido, como siempre, ponerse de acuerdo. Así ha pasado el tiempo. El expresidente Leonel Fernández, a quien le correspondió promulgar la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo en 2012, considera que hacer una reforma fiscal en un contexto de incertidumbre, en medio de una situación de crisis mundial, puede tener consecuencias sociales y políticas desagradables.
Sin embargo, también se muestra consciente de que habrá que hacerla, aunque también considera que debió hacerse entre 2016 y 2020, cuando la economía estaba en crecimiento. A su entender, la reforma fiscal no resolverá todos los problemas ni dará toda la estabilidad que necesita el país. Sí ha quedado demostrado que posponer las grandes reformas tiene consecuencias muy serias en la economía.
El hecho de haber tenido que aumentar en forma pronunciada el endeudamiento público, con alrededor de US$9,000 millones en los últimos 12 meses, plantea una pregunta: ¿Están las finanzas del país en capacidad de resistir otra crisis económica similar a la provocada por el covid-19? La respuesta es difícil de dar, pero lo que sí es un imperativo es tomar decisiones de Estado que han sido postergadas por año por temor a los efectos políticos que pudieran tener sobre los actores del momento.
