La empresa Seaboard lamentó el lunes la emisión de la Resolución 0022-2021 por parte del Ministerio de Medio Ambiente, en la que se rechaza la operación de sus barcazas generadoras de electricidad Estrella del Mar III y III en el río Ozama.
La compañía entiende que esta acción violenta sus derechos adquiridos, por los cuales aboga en las debidas instancias institucionales y diplomáticas y, de ser necesario, en las internacionales disponibles para hacer valer el contrato de concesión suscrito entre el Estado dominicano y la firma hasta el 2030.
“Nuestros abogados están estudiando la Resolución número 0022-2021, de Medio Ambiente, para responderla tomando en cuenta todas las consideraciones legales, pero podemos adelantar que, en medio de esta lamentable situación, en la resolución afloran verdades que era necesario que fueran emitidas desde una fuente oficial institucional”, apuntó Seaboard en un comunicado.
Indicó que el Ministerio de Medio Ambiente reconoció por primera vez “pública y explícitamente” que la empresa siempre ha mantenido la licencia ambiental para las plantas Estrella del Mar II y Estrella del Mar III, “lo que desmiente la falsedad ampliamente difundida de que alguna vez se nos había revocado la licencia de Estrella del Mar II o que la nueva generadora eléctrica carecía de licencia ambiental”.
Sin embargo, destacó que la institución pública no estableció en la resolución “ningún criterio objetivo para explicar su decisión”, tras no citar ” ninguna situación de incumplimiento o violación, por parte de la empresa, de la normativa ambiental en cualquiera de sus dimensiones, ni ningún incidente de seguridad, salud o ambiente en la historia de las operaciones”.
La firma resaltó en su comunicado, además, que el documento le fue entregado por Medio Ambiente el pasado 30 de abril, a las 5:00 de la tarde, “justamente una hora después de que nuestra empresa pagara al Estado Dominicano, y que el Estado Dominicano aceptara más de mil millones de pesos, por concepto de impuestos aduanales para permitir el ingreso al país de la planta Estrella del Mar III”.
La resolución de Medio Ambiente especificó el costo que significaría para el Estado dominicano la sustitución de la planta, una construcción de infraestructura que asciende por lo menos a RD$600 millones y tomaría poco más de dos años para entrar en funcionamiento, una estimación técnica “que no incluye el costo de indemnización a Seaboard en cientos de miles de millones de pesos que habría que pagar como resultado de la discontinuidad de la concesión por parte del Estado”.
“Estos son algunos de los costos tangibles, pero los intangibles serían aún más altos para República Dominicana como un destino de inversiones confiable donde se respeta la seguridad jurídica y la institucionalidad”, concluyó Seaboard.