La palabra contaminación aparece más de 30 veces en la Ley 64-00 y otras 17 en el Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para el período 2021-2024. Esto deja en evidencia lo importante que es este concepto en la política de protección ambiental del Estado dominicano.
Sin embargo, ¿qué dicen las estadísticas respecto a los resultados de mediciones de la calidad del aire que respiran los dominicanos? ¿Cuál ha sido la actitud de quienes han tenido la responsabilidad de tomar acción con este tema? ¿Cuál es el grado de conciencia legislativa respecto a los compromisos asumidos por República Dominicana ante los organismos internacionales? ¿Dónde se genera la mayor contaminación?
El Plan Estratégico Institucional 2021-2024, firmado por el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, en lo que respecta la calidad del aire, explica que los principales contaminantes son el monóxido de carbono, los gases orgánicos totales y las partículas, especialmente PM10 (entre 2.5 y 10 micrómetros), de las cuales se emiten anualmente alrededor de 19,616 toneladas en República Dominicana, representando el 34.8% del total de las emisiones contaminantes.
La institución estatal deja ver un dato de manera explícita: Las fuentes móviles representan más del 70% de las emisiones de toda República Dominicana, lo cual está relacionado con el aumento constante del número de vehículos en circulación, especialmente en las zonas urbanas.
“En República Dominicana nos urge en lo inmediato y nos preocupa lo que nos define. Lo trascendental y lo que nos definirá en el futuro es la amenaza más relevante para la humanidad: el cambio climático. Sortear este monumental desafío implica coordinar esfuerzos, unir voluntades y establecer componentes ambientales que propicien paquetes de estímulo. En ese sentido, existe espacio de mejora, de trabajar de forma mancomunada y de planificar la recuperación, que incluya la protección al medio ambiente y los recursos naturales”, declaró Jorge Mera en enero de este año en una actividad de Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el cambio climático.
Para el funcionario, adaptarse al cambio climático, buscar soluciones basadas en la naturaleza; gestionar una auténtica recuperación forestal y proteger la biodiversidad y los ecosistemas son de los pasos impostergables que se deben dar para un futuro mejor y sostenible para todos.
Como bien establece el Plan Estratégico Institucional 2021-2024, una de las principales fuentes de contaminación está, precisamente, en los vehículos. El parque vehicular dominicano envejece a alta velocidad, a pesar de que el Estado ha definido una política clara de prohibir la importación de unidades con más de cinco años de antigüedad.
Estadísticas de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) establecen que entre 2010 y 2020, el parque vehicular dominicano pasó de 2.7 millones a 4.8 millones de unidades, es decir, un crecimiento absoluto de 2.1 millones, lo que equivale a un 77.1% en una década. Aquí hay dos malas noticias sustentadas en los datos: un 68.4%, que son aproximadamente 3.3 millones de vehículos, tienen más de diez años, por lo que su impacto en el medio ambiente es determinante.
La otra información es que del parque vehicular total un 42.7% corresponde a motocicletas (2,069,061), que también representan fuentes de contaminación por los años de fabricación y por la cantidad. Un estudio publicado en la revista “Environmental Science and Technology“ evidenció que las motocicletas están muy lejos de ser un vehículo seguro para la naturaleza, ya que en realidad son el medio de transporte que más contamina en países como Alemania, Italia y Japón. Determinó que en términos relativos emiten 16 veces más hidrocarburos que los carros o similares.
Un estudio realizado por la Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca, Ecuador, de 2016, estableció una comparativa de niveles de contaminación entre automóviles particulares, taxis, buses y motocicletas, concluyendo que los vehículos particulares son los que mayor cantidad de emisiones de CO y HC emanan al ambiente. La investigación, bajo la firma de Javier Stalin Vázquez, destaca que en segundo lugar están los taxis con un aporte considerablemente menor, después las motocicletas y en último lugar están los buses con un porcentaje similar al de las motocicletas.
Según datos de mediciones más recientes, en 2019 las emisiones de CO2 en República Dominicana crecieron en 2,620 kilotoneladas, un 10.63% respecto a 2018. Pasaron de 24,656 a 27,276 en este período. Estos datos colocan al país en el puesto 102 de 184 analizados por Naciones Unidas.
El Primer Informe Bienal de Actualización de República Dominicana ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático sugiere, entre las mejoras para combatir las emisiones de gases de efecto invernadero, el uso de biocombustibles, gas natural, transporte colectivo; promover el uso de bicicletas y fortalecer el programa de renovación y reconstrucción de la flota vehicular. Además, destaca la necesidad de otorgar incentivos tributarios para la introducción de vehículos más eficientes, a fin de ir desestimando aquellos de alto consumo.
“Reconocemos que, si no emprendemos acciones decididas, nuestro crecimiento económico aumentará las emisiones de gases de efecto invernadero (GIE) en aproximadamente 40% para 2030, muy por encima de los niveles recomendables como compatibles con el cambio climático”, señala el Plan de Desarrollo Económico Compatible con el Cambio Climático, presentado también por el Medio Ambiente durante el último gobierno presidido por Leonel Fernández.
El parque vehicular dominicano
En lo que respecta a los automóviles privados y públicos, la DGII establece que 766,365 unidades de las 994,301 registradas al cierre de 2020, un 77.1%, tiene más de diez años, cifra similar a la expansión del parque vehicular. Con más de 20 años hay 542,910 carros, un 54.6%. Sólo en el caso de las motocicletas, los datos establecen que 1,729,681 unidades tienen más de 10 años, es decir, un 64.2%. Del total que son 2,695,457 motos, un 40.3% tiene más de 20 años. En lo que respecto a los vehículos jeeps, un 59.2% (306,053) tiene más de diez años de fabricación, de un total de 516,912 registrados al cierre del año pasado.
De acuerdo con el sitio especializado Datos Macro, además de sus emisiones totales de CO2 a la atmósfera, que lógicamente dependen entre otras variables de la población del país, es conveniente analizar el comportamiento de sus emisiones per cápita, las cuales aumentaron en 2.48 toneladas por habitante en 2019. Señala que las emisiones totales de dióxido de carbono también han aumentado en los últimos cinco años, al igual que las emisiones per cápita.
El sistema jurídico dominicano, además de la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, incluye la Ley Orgánica de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END) 1-12, la 57-07 de Incentivo a las Energías Renovables y Regímenes Especiales, la 103-13 de Incentivo a la Importación de Vehículos de Energía no Convencional y la 147-00, que limita a cinco años la importación de vehículos usados.
La Resolución 17-2014, de Medio Ambiente, que crea el Sistema de Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (SINGEI) y el Departamento de Monitoreo y Verificación de GEI”, se debe operativizar con el fin de dar continuidad y mejora a la estimación de las emisiones y su correspondiente incertidumbre. Además, existe a la Norma General para la Aplicación del Impuesto por Emisión de CO2 en vehículos de motor.
Compromiso
El presidente de la Cámara Americana de Comercio (AmchamDR), Roberto Herrera, destaca que República Dominicana ha asumido un compromiso formal de nación con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y acorde con la visión de la nación que la Estrategia Nacional de Desarrollo estipula en su cuarto eje “Una sociedad con cultura de producción y consumo sostenibles, que gestiona con equidad y eficacia los riesgos y la protección del medio ambiente y los recursos naturales y promueve una adecuada adaptación al cambio climático”.
Sostiene que los carros, camiones y buses alimentados con combustibles fósiles constituyen una de las principales fuentes de contaminación del aire, pues emiten más de la mitad de los óxidos de nitrógeno al aire, y son, al mismo tiempo, uno de los mayores emisores de gases asociados al calentamiento global. Es por esto que señala que, por ejemplo, cambiar la legislación para permitir la importación de vehículos de combustión de hasta 10 años de fabricado iría en contra los compromisos asumidos por el país.
Está entre quienes afirman que la movilidad eléctrica es el camino a seguir. Sostiene que los beneficios medioambientales de los vehículos eléctricos son notables y hablan por sí solos.
“El costo de cargar es mucho más barato que echar gasolina y el mantenimiento es una fracción del costo. Debemos legislar para que el cambio hacia la movilidad eléctrica sea aún más rápido y mejorar los incentivos para que las personas puedan adquirir un vehículo eléctrico y que la infraestructura de carga siga expandiéndose a todo lo largo y ancho de nuestro país”, consideró.
El exministro de Medio Ambiente, Omar Ramírez, rechaza cualquier modificación a la Ley 147-00 que establece como máximo cinco años para la importación de vehículos. Su posición la sustenta en que el país no puede retroceder en políticas que se entienden superadas.
El también exvicepresidente ejecutivo Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio y CEO de Learning by Doing, resaltó que República Dominicana está a la vanguardia en cuanto a políticas climáticas en el Caribe y Centroamérica, para lo cual ha sacado tres instrumentos que son fundamentales. Entre estos mencionó los inventarios de gases de efecto invernadero, que tienen las mediciones a partir de 2015 como referente y las contribuciones nacionales determinadas (NDC) que son, en este caso, lo que el país le está diciendo a la comunidad internacional respecto a su decisión de reducir las emisiones para cumplir el Acuerdo de París.
Según Ramírez, esto guarda una estrecha relación con todo lo que tiene ver con sectores económicos que generen emisiones de gases de efectos invernadero. “En primer orden está la producción de energía eléctrica, luego viene, precisamente, el transporte; le sigue la agricultura, seguida por lo residuos sólidos y así sucesivamente”, explica el experto.
Entiende que el sector transporte constituye el más difícil de abordar por su propia característica. Afirma que fruto del desarrollo económico, el parque vehicular se ha triplicado en los últimos años. Señala que los vehículos que andan por las calles dominicanas son obsoletos y más del 84% tiene más de diez años.
Ambientalista
El presidente de la Sociedad Ornitológica de la Hispaniola (SOH), Jaime Moreno, entiende que lo primero que el país debe tomar en cuenta es el compromiso y la realidad del cambio climático, lo segundo es la calidad de vida y del aire, en lo que los vehículos juegan un papel de primer orden por las emanaciones de partículas.
A juicio, la gente desconoce la cantidad de recursos que el Estado debe destinar en salud para enfrentar los efectos de la contaminación y mantener a su población sana. Y lo tercero, sostiene, es la urgencia de definir un sistema de transporte organizado, pues no se puede permitir que el país siga llenándose de chatarras que lo único que hacen es empeorar el caos y generar más contaminación ambiental.
Está de acuerdo en que la cantidad de chatarras que se utilizan para el transporte público contribuye no sólo con la mala calidad de sus usuarios, sino en su productividad y aportes a la economía del país. “De no enfrentar estos asuntos estaríamos violando los acuerdos internacionales que hemos firmado con miras a proteger el medio ambiente”, refiere.
Para Moreno, el país debería impulsar leyes especiales, además de las que hay, para promover el uso de vehículos agrícolas sostenibles y amigables con el medio ambiente, así como que más dominicanos puedan acceder a un transporte de calidad y limpio.
Respecto a cuál debería ser la actitud del Estado frente a la importación de vehículos usados, a propósito de un proyecto de ley que fue sometido para modificar el esqueja jurídico actual, sugiere que de cinco años se baje a tres, a fin de dar una señal clara de hacia dónde es que va el país en materia de protección del medio ambiente. Respalda el uso de vehículos eléctricos en todas las modalidades, ya que es de bajísima emisión partiendo de las fuentes que sirven para cargarlos. Pide tomar en cuenta que República Dominicana es un destino turístico y la contaminación también está siendo tomada en cuenta para recomendar los mejores lugares para vacacionar.
En su calidad de ambientalista, sugiere a los gobiernos impulsar el transporte colectivo porque se logra una reducción de la contaminación por persona. Enfatiza su preocupación por los vehículos viejos por el particulado que emiten, ya que es más dañino para la población. “Tenemos que modernizar nuestra mente y saber que no podemos seguir ensuciando nuestra agua y nuestro suelo, que es lo mismo que decir el medio ambiente”, sostiene.
Jorge Luis Brocca, director ejecutivo de SOH Conservación, pretender modificar la Ley 147-00 es apostar a la contaminación pura, ya que República Dominicana tiene un parque vehicular.
“Queremos que siga el avance y todo, pero no volver atrás y traer estos vehículos lo que único que van a hacer es que en la capital y Santiago, sobre todo, tengamos un núcleo de contaminación terrible que afecte la salud de nuestros hijos y de todos los habitantes del país”, sostiene Brocca.
Brocca recuerda que República Dominicana es signataria de diversos acuerdos que buscan proteger el medio ambiente y evitar el cambio climático, razón por la cual considera que el Estado debe tener una actitud más explícita con estos temas de contaminación. “Un ejemplo es el Acuerdo de París”, dice.
Además, explica, el país no puede llevar y mostrar en escenarios internacionales que aplica una política de retroceso en materia de cuidado y protección del medio ambiente. Asegura que si este tema de la modificación de la Ley 147-00 es llevado a la opinión pública, lo más probable es que sea rechazado por las implicaciones que tiene la salud de la gente la importación de vehículos chatarras.
“Y no se trata sólo de nosotros porque somos una entidad que defiende un ambiente limpio, no, hay que preguntarle a la población y, sobre todo, a la gente que va caminando por las calles o espera el autobús. Seamos conscientes y esto no se debería aprobar”, consideró.
Informes bianuales
En 2012, en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), los países participantes decidieron que presentarían de forma periódica informes de actualización de sus comunicaciones nacionales, denominados “Informes Bienales de Actualización” (IBA o BUR, siglas en inglés).
Estos informes reportan actualizaciones de las circunstancias nacionales y los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, así como los avances en las medidas de mitigación adelantadas por los países, y las necesidades existentes en materia de financiamiento, acceso a tecnología y fortalecimiento de capacidades.
Colombia recibió por parte del IDEAM y PNUD, en el Marco de la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático, su primer Informe Bienal de Actualización, el cual le permite conocer su inventario de gases efecto invernadero, con el cual podrá tomar decisiones a nivel nacional en la planeación del ordenamiento territorial y sector de transporte. República Dominicana lo hizo en 2020.
Esta entrega fue uno de los puntos centrales de la Feria Nacional de Cambio Climático organizada por entidades públicas y privadas con miras a la celebración de la COP21 en París.
La principal información que entrega este reporte es el Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero con corte a 2012, que evidencia como Colombia emite en promedio 178.3 millones toneladas de CO2 al año.
