Niños con ropas polvorientas corren al lado de los todoterrenos, para pedir unas monedas, cada vez que se aproximan a una de las diminutas y paupérrimas aldeas que se esparcen por la carretera de montaña compartida entre República Dominicana y Haití, en el lugar más olvidado de la frontera.
A estos lugares remotos ni siquiera han llegado las noticias sobre la verja que construye República Dominicana para protegerse de los robos, el contrabando y la inmigración irregular, ilegalidades que, al amparo de la corrupción de algunos oficiales, constituyen un problema real en los principales pasos fronterizos de la isla.
La carretera internacional se convierte en un bullicioso mercado dos veces por semana en Tilory, un poblado sin luz ni agua potable, ubicado en la Cordillera Central, a unos 15 kilómetros de la localidad dominicana de Restauración (norte).
Los puestos de comida, de animales o de utensilios, cubiertos de polvo, se esparcen a ambos lados de la estrecha pista de tierra cuyo recorrido traza la frontera a lo largo de 50 kilómetros de cerros casi deshabitados, y donde no se ve ni un solo policía o militar.
Las “tasas” al comercio
El comerciante dominicano Lorenzo Antonio Valenzuela, sentado en la caja trasera de su camión, atiende a una clienta en creole, idioma que maneja después de 20 años acudiendo a Tilory para vender sal y herbicidas.
Valenzuela es uno de los pocos comerciantes dominicanos que se acercan a este remoto mercado, y se queja de que para llegar a él, los militares le cobran ilegalmente RD$4,000 (unos US$70) para dejar pasar su camión.
“Tenemos muchos problemas con los militares. Nos quitan demasiados cuartos para llegar a los mercados. Nos quieren quitar RD$4,000 por camión de sal. Esto no es un impuesto, no es una aduana”, protesta el vendedor, reproduciendo un tipo de denuncia que es recurrente de norte a sur de la frontera.
Los salarios bajos
El sacerdote Regino Martínez, quien ha trabajado con inmigrantes durante más de cuatro décadas en Dajabón, el principal paso en el norte de la isla, explica que “la raíz de la corrupción” en la frontera “es la mala paga” de los militares, que ronda los US$350 mensuales.
Para cruzar la raya, cada migrante puede desembolsar entre US$50 y US$90 a los “poteas” (traficantes) y a los buscones, como se llama a quienes los recogen en moto o en automóvil en el lado dominicano y se encargan de esquivar los controles o de ir “mojando la mano” para que los militares miren a otro lado.
“Hay toda una red oficializada tanto por parte del poder como del pueblo. Aquí ser traficante es un trabajo, porque la gente no tiene de qué vivir”, afirma el padre Regino.
La franja fronteriza, en especial en su mitad sur, es precisamente la zona menos desarrollada de República Dominicana; en el lado haitiano, la miseria es extrema.
El director general de Migración, Enrique García, admite a Efe que “no es un secreto” que trasiegan mafias a lo largo de los 380 kilómetros de la frontera, “como ocurre en todo el mundo” y precisamente por ello, arguye, República Dominicana pretende levantar una verja con la que frenar las ilegalidades.
El general José Manuel Durán, responsable del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), asegura que en los cuatro pasos oficiales se han instalado cámaras de video no solo por seguridad, sino para velar porque los militares “hagan su trabajo honestamente”.
Deportaciones cuestionadas
Las denuncias de irregularidades se repiten en el viaje de vuelta que realizan los miles de indocumentados que son deportados cada mes desde República Dominicana.
Frente a las cámaras, 75 migrantes salen de un antiguo autobús escolar amarillo y cruzan a pie la puerta metálica del paso de Dajabón, la mayoría de ellos llevando solo lo puesto.
La operación es supervisada por un representante de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y también intervienen otros organismos sociales en el caso de que entre los capturados haya menores o personas vulnerables.
Del lado haitiano, un oficial migratorio en Ouanaminthe dice a Efe que República Dominicana incumple el protocolo binacional que regula las deportaciones, al expulsar a personas vulnerables, como embarazadas, y en muchos casos sin darles de comer o sin haberles permitido asearse durante muchas horas.
Jesula Blanc, responsable de la Plataforma de Género del Nordeste, ONG que atiende a mujeres deportadas, corrobora estas denuncias y agrega que a los migrantes, cuando son arrestados, les suelen robar el dinero y todas sus pertenencias.
La activista se opone al muro que promueve el presidente Luis Abinader y aboga porque ambos países trabajen en pro de “una frontera de paz”, como la que se vive entre los comerciantes del mercado de Tilory.
