Desde hace varios lustros, sectores importantes de la sociedad dominicana vienen clamando para que en el país se implementen varias reformas estructurales que, según los argumentos, resolverán problemas fundamentales como los del sistema de seguridad social, el sistema tributario, el código laboral, la seguridad ciudadana, entre otros. En algunos casos, los argumentos utilizados son creíbles y, hasta cierto punto, válidos en el contexto en el que se utilizan. Por ejemplo, se plantea que la salud es un derecho de los individuos y que, por tanto, debe ser provisto por el Estado, sobre todo para aquellos que están en el Quintil 1 en términos de ingresos, pero que esto no está ocurriendo.
En ese mismo orden, se critica que el gasto de bolsillo en salud es demasiado alto, que las Administradoras de Riesgos de Salud no juegan ningún rol importante en el sistema sanitario, que no sea captar recursos, en tanto, se arguye, además, que el sistema de Fondos de Pensiones en el país no beneficia realmente a los trabajadores. Como se puede observar, una modificación a la estructura de funcionamiento del sistema de seguridad social conlleva cambios importantes, sin la garantía de que se pueda lograr un consenso alrededor de este objetivo.
Otra reforma que constituye un serio dilema en el país, es la del sistema de recaudaciones, entendiéndose que este es obsoleto, con tendencia a la regresividad y con esquemas de operación que son un caldo de cultivo para la elusión y evasión fiscal, al tiempo que no permite satisfacer las necesidades de ingresos que tienen las finanzas públicas. Aquí la situación que se plantea es cómo lograr que los que tienen mayores ingresos paguen más impuestos, sin que eso impacte la canasta familiar de los más pobres, al tiempo que se reestructura el gasto público para hacerlo más eficiente y de calidad. Dos dificultades se pueden observar en esta parte. La primera, es el costo político que asume el gobierno de turno al momento de imponerles impuestos más altos a los ricos, pues son los que financian las campañas electorales y son los que están en las mesas de negociaciones en los procesos de reforma. La segunda tiene que ver con el tipo de impuesto que se debe establecer, su generalización para fines de evitar la evasión, pero su peligrosidad que pueda ser transferido a los pobres. Difícil lograr consensos en este tema.
Con el código laboral se viene trabajando desde hace mucho tiempo, sin que haya habido hasta ahora un acuerdo entre empleadores y trabajadores para su aprobación e implementación. Las posiciones en esta lucha son casi siempre radicales, pues los trabajadores argumentan que no perderán derechos adquiridos, especialmente la cesantía, mientras los empresarios tratan de cuidar sus ganancias, al mismo tiempo que buscan asumir menores costos y riesgos en el proceso de administración de la mano de obra que contratan. Esta reforma sigue siendo necesaria, pero difícil lograrla.
Todos abogan por la transformación de la policía nacional y su conversión en un cuerpo que verdaderamente funja como cuidador de la ciudadanía, y no como su verdugo. De todas las reformas pendientes esta es, quizás, la más difícil y complicada, porque implica modificar una estructura esencialmente enferma, mafiosa, que tiene ramificaciones en todos los sectores de la sociedad, fundamentalmente en el político, y con poca vocación de cambio. Aunque todos quisiéramos, pero las esperanzas de reforma aquí no son muchas.
Pero lo más difícil de las reformas estructurales que se plantean actualmente, es que las queremos todas juntas y al mismo tiempo, como si fuera un acto de magia, sin pensar que estamos aún en crisis sanitaria y el covid-19 no se quiere ir.