Los efectos del covid-19 tienen una trascendencia que va más allá de la salud. Se trata de una pandemia que obligó a la mayoría de países a paralizar sus actividades productivas en una forzosa cuarentena que sigue teniendo difíciles consecuencias económicas.
En nuestro caso, República Dominicana, ahora se presenta una combinación complicada en cuanto al hecho de que la clase trabajadora espera un necesario aumento salarial, que toca discutir en el Comité Nacional de Salarios (CNS) a más tardar en julio de este año.
Sin embargo, de otro lado está la difícil situación de la mayoría del sector empresarial, donde prácticamente todas en algún momento vieron paralizarse o reducirse sus actividades productivas, algunas se han recuperado de manera parcial y otras, definitivamente, están al borde de la quiebra o ya quebradas. Eso hace muy improbable que puedan aplicar un ajuste salarial para sus empleados sin que esto implique el sacrificio de una parte de su nómina, por los elevados costos.
Sin embargo, el tercer componente de este trío fatal es la inflación, ya que los precios de prácticamente todos los productos comestibles y no comestibles de la canasta básica han subido a causa de efectos externos, que escapan del control de las autoridades locales.
¿Cómo evitar un necesario ajuste salarial, a sabiendas de que las empresas no pueden aplicarlo y de que las alzas de precios lo hacen más que necesario? En situaciones como estas impera el sacrificio de las partes, algunos más y otros menos, pero definitivamente que todos han de sacrificarse.
La clase empresarial que puede aplicar los ajustes salariales debe hacerlo. Nos referimos a aquellos sectores que en medio de la pandemia siguieron operando e, incluso, hasta vieron incrementarse sus ganancias, como son los supermercados, empresas farmacéuticas, laboratorios, centros médicos, sector financiero, logística de transporte, empresas de telecomunicaciones, “couriers” y otros sectores más.
En tanto que, la clase sindical, que representa a los trabajadores, debe entender que hay sectores donde definitivamente no será posible plantear ajustes salariales como en determinadas industrias y comercios, el área turística, hoteles, bares, restaurantes, algunas industrias y, sobretodo, las micro y pequeñas empresas (Mipyme), muchas de las cuales están quebradas.
Este es un momento para que el Gobierno juegue un rol protagónico en procura de que tanto sector empresarial como sector sindical lleguen a acuerdos satisfactorios y de que los trabajadores, independientemente de lo que digan los dirigentes sindicales, estén conscientes de que les tocará el sacrificio de no ver aumentar sus ingresos, pero a cambio podrán asegurar sus empleos, pues es mejor tener un trabajo formal mal pagado que estar desempleado.
Muchos empleados del sector turístico están conscientes de esa situación. Luego de estar suspendidos y recibiendo apenas un aporte mínimo del Estado como subsidio del Fondo de Asistencia Social al Empleado (FASE), muchos trabajadores comenzaron a darle más importancia a sus empleos y adquirieron conciencia sobre lo complicado que resulta estar inactivos y sin percibir ingresos.
La actualidad obliga a dejar atrás esa mentalidad pasada de pensar que los empresarios son explotadores que se lo llevan todo y les dejan las migajas a los empleados. Tal vez parte de eso sea verdad, pero es más real el hecho de que cuando el empresario está bien, los empleados son más y están regular.
Si el empresario está mal, entonces los empleados son menos (hay más desempleo) y caen en una condición peor.
En cuanto a la inflación que ha provocado los aumentos de precios de productos de la canasta básica, el Gobierno, si bien no puede aplicar controles de manera autoritaria y tampoco se le recomienda establecer subsidios mal focalizados, sí puede usar algunas “cartas” para equilibrar el mercado, ya sea con apertura de importaciones, reducción temporal de determinados impuestos o cualquier otro mecanismo que neutralice los aumentos de costos y evite su ajuste al precio final del consumidor.
Repetimos que el momento amerita el sacrificio de todos: Gobierno, empresarios y trabajadores. No es tiempo de propaganda, ni de chantajes o politiquería. Es momento de diálogo sincero y objetivos comunes en procura de superar una coyuntura que afecta a todos de una forma u otra.
