El presidente de la República, Luis Abinader, y la vicepresidenta Raquel Peña, encabezaron el quincuagésimo séptimo Consejo de Ministros, celebrado en el Palacio Nacional, con el objetivo de dar seguimiento al plan gubernamental para enfrentar el impacto sobre la economía dominicana de la crisis en Medio Oriente.
José Rijo Presbot, director general de Presupuesto, explicó que el Gobierno ha dispuesto una serie de medidas de contención y eficientización del gasto público para generar una disponibilidad cercana a RD$40,000 millones, partiendo del principio de respetar todos los compromisos ya formalizados bajo contrato, mientras que aquellas apropiaciones presupuestarias aún no comprometidas serán sometidas a revisión, ajuste o reducción según las prioridades nacionales.
Detalló que estas acciones incluyen la reducción de gastos operativos, la contención en la adquisición de vehículos, con excepción de áreas prioritarias como asistencia social y seguridad alimentaria, disminución de reparaciones y mantenimientos menores, racionalización de servicios y contrataciones, limitación de eventos a costos mínimos, ajustes en textiles, vestuario, viáticos, pasajes, racionalización de combustible y publicidad, la reducción de un 50% del presupuesto a los partidos político, entre otros. Además, una reducción verificable de transferencias corrientes a organismos autónomos, descentralizados y empresas públicas con capacidad de generar sus propios recursos.
Presbot subrayó que estas decisiones responden a la necesidad de posponer temporalmente todo gasto no prioritario, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta del Estado ante el contexto internacional, preservar la estabilidad económica y asegurar que los recursos públicos se concentren en proteger a los sectores más vulnerables y sostener el dinamismo del país.
Por otro lado, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, explicó que el país enfrenta un choque externo, cuyo principal canal de transmisión para economías como la dominicana es el aumento en los precios internacionales del petróleo, lo que genera presiones directas sobre la inflación y el costo de vida.
En ese sentido, destacó que cada aumento sostenido de US$10 por barril implica alrededor de US$763 millones adicionales en la factura petrolera anual de la República Dominicana, lo que incrementa las presiones fiscales y los costos asociados a los subsidios.
Asimismo, resaltó que, pese al contexto internacional, la República Dominicana ha logrado contener el impacto mejor que la mayoría de países de la región, gracias a las medidas adoptadas para proteger a las familias dominicanas. No obstante, advirtió que estos esfuerzos implican un costo fiscal significativo, por lo que deben manejarse con prudencia y sostenibilidad.
Mientras que el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, afirmó que República Dominicana enfrenta uno de los mayores choques de precios de su historia reciente, provocado por el alza de más de un 80 % en el precio del petróleo, pero aseguró que el Gobierno ha centrado su estrategia en tres objetivos esenciales: preservar la estabilidad macroeconómica, fiscal y social; mitigar el impacto sobre los alimentos, la canasta básica y los insumos agropecuarios; y sostener la inversión pública, apoyado en reservas internacionales superiores a US$16,000 millones, estabilidad cambiaria, crecimiento económico, fortalecimiento de los programas sociales y una política de austeridad orientada a proteger a la población más vulnerable.
