El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ha garantizado este lunes que la tasa digital que propondrá la Comisión Europea en las próximas semanas con la intención de que entre en vigor en 2023 será compatible con futuro acuerdo a nivel internacional sobre impuestos a las multinacionales.
Durante su intervención ante la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios de la Eurocámara, el italiano ha asegurado que su departamento está trabajando para que el “diseño” de este impuesto no sea “discriminatorio”, no suponga “doble imposición” y no plantee una “interferencia negativa” sobre las negociaciones para lograr un acuerdo global sobre la fiscalidad a las multinacionales, que es la prioridad “número uno” de Bruselas.
“No habrá conflicto entre el próximo acuerdo global y esta tasa digital. De hecho, serán complementarios en el camino hacia un sistema fiscal justo y moderno”, ha dicho el comisario de Economía ante los eurodiputados en el marco de una audiencia sobre fiscalidad.
Gentiloni ha explicado que el Ejecutivo comunitario tiene la intención de desvelar su propuesta sobre la tasa digital europea en julio, pero siempre después de que el G20 llegue a un acuerdo sobre la fiscalidad de las multinacionales en la reunión prevista para el día 10, con el objetivo de no “interferir” en las conversaciones.
Aunque sus servicios todavía están trabajando en los detalles, el italiano ha señalado que será “completamente diferente” a la propuesta previa de Bruselas para introducir un impuesto a los gigantes digitales y también de los gravámenes que ya existen en “algunos países” de la UE.
“El hecho de que pueda coexistir con un acuerdo internacional no se basa únicamente en nuestra buena voluntad sino también en el esfuerzo que estamos haciendo sobre el diseño de la propuesta”, ha apuntado.
Gentiloni ha explicado que el marco presupuestario de la UE para los próximos siete años exige a la Comisión Europea plantear una propuesta para crear una tasa sobre los servicios digitales que actúe como nueva fuente de ingresos del bloque.
En el mismo contexto, Bruselas va a proponer un nuevo impuesto sobre productos importados con una huella de carbono superior a la que se exige dentro del bloque y planteará una actualización de la directiva sobre fiscalidad en el ámbito de la energía. El borrador legislativo de estas medidas está previsto para el 14 de julio.
Con respecto a la primera iniciativa, el mecanismo de ajuste de carbono en frontera (CBAM, por sus siglas en inglés), el comisario ha explicado que el objetivo será “igualar el precio del carbono que se aplica a los productos domésticos y a las importaciones” para no perjudicar a los europeos frente a los que se fabrican en países “menos ambiciosos” desde el punto de vista medioambiental.
En relación a la revisión de la directiva sobre fiscalidad energética, Gentiloni ha subrayado que la normativa vigente está “completamente desfasada” porque fue diseñada en los años 90, contiene tipos mínimos que no están ajustados a la inflación, contiene exenciones “injustificadas” y todavía contempla subsidios a los combustibles fósiles.
