La Comisión Europea (CE) propuso este martes crear un sello europeo para los “bonos verdes” que garantice que los réditos de estos títulos se invierten en proyectos de lucha contra el cambio climático o medioambientales, ayudando así a movilizar financiación para estos objetivos y evitando que se comercialicen como ecológicos productos financieros que no lo son.
Bruselas calcula que la Unión Europea (UE) necesitará unos €480,000 millones en inversiones adicionales cada año para cumplir sus objetivos climáticos, que pasan por reducir un 55% sus emisiones contaminantes para 2030 en relación con 1990 y por alcanzar la neutralidad -emitir solo lo que pueda absorber- en 2050.
Sin embargo, las emisiones de bonos “verdes” -aquellos destinados a financiar proyectos medioambientalmente sostenibles- representan solo entre el 2 y el 4% del total, unos €250,000 millones de euros a nivel global y, si bien aumentan a razón de un 40% anual, la CE considera que puede crecer aún más.
Con el reglamento propuesto este martes, Bruselas fija las condiciones que tendrán que cumplir los emisores para que sus títulos sean etiquetados como “verdes” con el fin de crear un “estándar de oro” que “ayude a evitar el blanqueo ecológico y a reconocer los bonos que realmente representan una inversión sostenible”, dijo el vicepresidente de la CE, Valdis Dombrovskis.
Supervisión estricta
Para obtener este sello, los emisores tendrán que destinar el cien por cien de los rendimientos obtenidos con los bonos a objetivos en línea con la “taxonomía” europea, una clasificación de las actividades consideradas sostenibles.
Además deberán demostrar que ha sido así durante toda la vida del bono (hasta diez años), elaborando informes antes de la emisión, cada año, y tras el vencimiento, que serán además revisados por una entidad externa.
Aquellos emisores que incumplan podrán ser sancionados, con multas de hasta €500,000, mientras que los revisores externos podrán ser multados con hasta €200,000 si se detectan irregularidades.
Las empresas que quieran realizar las evaluaciones externas tendrán que registrarse ante la Autoridad Europea de Mercados y Valores, que supervisará su actividad, aunque se prevé más flexibilidad en el caso de los Estados, que podrán recurrir a entidades públicas para la revisión de sus bonos soberanos “verdes”.
Uso voluntario
Este estándar podrá ser utilizado por empresas, entidades financieras, Estados y otros entes públicos, europeos o no, pero su uso será voluntario, ya que Bruselas no quiere impedir que se recurra a otros estándares que ya funcionan en el mercado.
De hecho, la propia Comisión Europea utilizará otro estándar -el ICMA, elaborado por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales- en sus primeras emisiones de bonos verdes para financiar el fondo de recuperación pospandemia, ya que esperan iniciarlas este año y aún no estará listo el sello europeo.
Bruselas prevé emitir con estos instrumentos el 30% de los €800,000 millones en deuda con que financiará el fondo, unos €240,000 millones que ayudarán a mantener el liderazgo europeo en este mercado.
La propuesta tendrá que ser negociada por los países de la UE y la Eurocámara para entrar en vigor.
Requisitos de información
Por otra parte, la Comisión Europea también adoptó este martes normas sobre la información que tendrán que dar las empresas para probar que cumplen con la taxonomía europea, tras haber publicado en abril una primera clasificación de las actividades que contribuyen a mitigar el cambio climático.
Las empresas no financieras tendrán que publicar la proporción de su facturación, capital y gastos operativos asociados con actividades medioambientalmente sostenibles; mientras que las financieras -bancos, gestoras de activos, firmas de inversión y aseguradoras- deberán publicar la proporción que representan estas actividades sobre el total de activos en los que invierten o financian.
Las pequeñas y medianas empresas no estarán obligadas a informar.
Aunque la taxonomía europea ya cubre el 40% de las actividades de las cotizadas en sectores responsables del 80% de las emisiones contaminantes en Europa, la Comisión aún debe completar esta lista puesto que de momento no incorpora la energía nuclear, el gas natural o la agricultura.
Para ello prevé adoptar un nuevo acto delegado después del verano.
En este sentido, la organización de consumidores BEUC lamentó que la intención de la CE de incluir algunas actividades gasísticas entre las inversiones sostenibles “eclipsan” sus esfuerzos, puesto que “es engañoso para consumidores e inversores y desvía capital muy necesario de energías auténticamente sostenibles”.
Por su parte, el Instituto CFA, organización que representa a inversores, saludó la iniciativa puesto que éstos “están pidiendo productos financieros sostenibles dignos de confianza”, según dijeron en un comunicado.
