El contrabando, la venta de productos falsificados, la irregularidad a la hora de hacer la declaración de aduanas y la evasión de impuestos forman parte de una realidad que ya no sólo se produce mayormente a través del trasiego de mercancías de forma irregular a través de las aduanas o de la frontera con Haití, sino, que la falsificación -por ejemplo- es un fenómeno que se origina al interior del país dañando empresas formales, a los consumidores y al Estado.
Cuando se habla de comercio ilegal se tiende a pensar en los sectores de cigarrillos y bebidas alcohólicas como los afectados. Sin embargo, hay otros, con alta incidencia en la economía nacional, que también sufren las terribles consecuencias de este mal: sector farmacéutico, combustibles, agroindustria, textil, material de construcción, automotriz y energético, entre otros.
La brecha entre los que cumplen y los que no cumplen pesa enormemente sobre la competitividad de las empresas formales. Pero también es un tema de salud pública. No se trata solo de economía y competitividad. La adulteración de alcohol, por ejemplo, ha costado muchas vidas humanas (227 muertes en 2020 sobre un total 369 intoxicaciones reportadas, lo cual significa un 67% de letalidad. Si la letalidad del covid-19 asusta, de este cáncer debe asustar más, debe horrorizar).
El comercio ilícito, por otro lado, tiene enorme impacto en el empleo formal y, por lo tanto, en el bienestar de miles de familias dominicanas que ven peligrar sus medios de subsistencia cuando las empresas en que laboran pierden competitividad y frenan su crecimiento.
El Estado mismo ve afectado sus planes de desarrollo social y de atención a políticas públicas en el ámbito social al ver reducido sus ingresos provenientes de las empresas formales de estas áreas afectadas por esta lacra.
A esta descripción debe sumarse el hecho de que el comercio ilícito y el crimen organizado tienen vínculos internacionales, siendo el comercio ilícito una de las fuentes de enriquecimiento y subsistencia de la actividad criminal organizada. Es decir, la cultura de la ilegalidad en el comercio conlleva a que estructuras criminales se aprovechen de esta coyuntura y fortalezcan sus operaciones a través del lavado de activos.
Además, quienes se dedican a esta actividad no solo están atentando contra las leyes comerciales, sino que en muchos casos sus consecuencias deben ser clasificadas como criminales.
La Ley Contra el Comercio Ilícito es un instrumento jurídico que plasma los procesos necesarios para que se pueda regular y corregir esta actividad, tipificando los delitos de comercio ilícito, la falsificación, el contrabando de productos de consumo general regulados, así como también estableciendo sus sanciones pertinentes. De igual forma, se trata de un marco legal que busca asegurar la confianza de los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, a elegir a República Dominicana como país para prosperar su negocio, dando beneficios a la población al brindar oportunidades laborales en el marco formal y motivando la competencia leal.
Sin embargo, el marco legal es insuficiente. Además del Reglamento, la voluntad política y el trabajo conjunto se tornan imprescindible, para superar este mal y que el mal no supere a la industria formal.
Ciertamente, las autoridades han tomado acciones en contra de estos flagelos algunos de cuyos resultados son evidentes. El compromiso por su erradicación es de todos, pero su persecución es, sobre todo, responsabilidad de las autoridades.
La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) ha dado su voto de apoyo y confianza, y ha reclamado llevar al sometimiento y a la condena a los responsables últimos, a los beneficiarios –grandes y pequeños- de este mal económico y social que merma los ingresos del estado, compite deslealmente con las industrias formales y mancha la buena imagen del país.
Las penas deben ser cada vez más endurecidas, la persecución sin cuartel debe ser apoyada, los procesos de educación de la ciudadanía deben ser intensificados, las medidas de defensa por parte de las empresas formales deben ser impulsadas (como la trazabilidad, por ejemplo).
La AIRD apoya las medidas tomadas por el gobierno en la Mesa constituida por el Presidente Luis Abinader, y brinda su respaldo a las medidas impulsadas por diversas instituciones –amparadas en la Ley-.
Como lo expresó en su Proclama con motivo del Día de la Industria, al señalar “Proclamamos la necesidad de defender nuestros sectores productivos y de modo especial nuestra industria formal. En la bandeja de prioridades no debe faltar la defensa al sector contra practicas desleales de productos importados, combatir el ilícito, la informalidad, la evasión. Estas prácticas no solo generan competencia desleal para nuestras industrias, sino que además erosionan los ingresos fiscales y no permiten que nuestra presión tributaria alcance su nivel real. Así evitaremos seguir cargando a los sectores que más contribuyen”.
Foro Alcohol
Recientemente fue celebrado el Foro sobre Comercio Ilícito de Alcohol, impulsado desde la Mesa de Alcohol de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, en coordinación con la Cámara Británica de Comercio en la República Dominicana, y con la participación de los principales miembros del Consejo Interinstitucional Público-Privado de Prevención del Comercio Ilícito.
El Foro destacó que se estima que cada año República Dominicana deja de recaudar aproximadamente tres mil millones de pesos por el comercio ilícito, particularmente por prácticas ilegales como contrabando, falsificación, adulteración de productos y evasión fiscal, lo que perjudica directamente a diversas industrias en el país, particularmente farmacéuticas, tabacaleras, hidrocarburos y, por supuesto, la de alcoholes.
Los expositores internacionales coincidieron durante sus intervenciones que los altos niveles de impuestos que impactan las bebidas alcohólicas reguladas resultan contraproducentes, favoreciendo la demanda del alcohol ilícito, más barato, y creando amplios márgenes de ganancia para los que producen y comercializan alcohol ilegal.
Daniel Witt, especialista en tributación y comercio internacional, en su ponencia en el Foro, destacó que los niveles de impuestos a las bebidas alcohólicas rondan un 40 y 50 % de su precio, por lo que recomendó a las autoridades gubernamentales congelar el nivel de impuestos directos durante los próximos años y concentrarse en reducir el comercio ilícito, endureciendo las penas que castigan este delito.
