[dropcap]H[/dropcap]ace un tiempo una congresista brasileña, apenada por los constantes escándalos de corrupción en su país, manifestó delante de sus colegas, incluyendo al presidente de la Cámara a quien se sindicaba como uno más de los corruptos, que este mal parecía estar en el ADN de los brasileños.
Con esta afirmación, la congresista quiso decir que la corrupción en Brasil se había convertido en algo cultural y que, por lo tanto, había que tomar medidas drásticas para modificar este estado de cosas. Se le olvidó decir que este flagelo es propio de la mayoría de los países latinoamericanos, sobre todo de aquellos que tienen problemas de institucionalidad, y también de otros que se dicen desarrollados.
Transparencia Internacional define la corrupción como “un abuso de poder en beneficio privado”, lo que quiere decir, según nuestro punto de vista, que existen circunstancias en donde un servidor público toma una decisión o favorece a un ente privado a cambio de una prebenda o dádiva. Pero si la corrupción se diera en casos aislados no hubiera problema; la cuestión es cuando se generaliza y parece ser la regla, no la excepción.
En el caso dominicano la corrupción toma varios caminos y desemboca en diferentes lugares. Por ejemplo, lo que un dominicano llama “búsqueda” es una forma de corrupción legitimada desde dentro y fuera del Estado, pues se supone que este servidor público está buscando completar su quincena.
Otra forma de corrupción implementada es la que se utiliza en las aduanas, y que parece más bien un peaje casi legal, pues todo el mundo lo paga y nadie protesta.
Una forma más riesgosa pero que deja más dividendos es el cobro de porcentajes para gestionar un cheque en favor de un acreedor privado. Esto parece también normal, aunque los precios de estos peajes parecen haber aumentado más que los de la carretera de Samaná.
La situación se complica cuando los de adentro, es decir, los servidores públicos, participan directamente del negocio, ya sea a través de ser codueño de la obra, producto o servicio de que se trate, o de ser el que la asigna por lo cual debe recibir emolumentos. En cualquier caso hay que ponerles límites a la corrupción, aunque se sabe que esta se comporta como una variable económica en donde siempre existirá una tasa mínima. Aquí todo el mundo sabe quiénes son los corruptos, dónde están y cómo operan; y no es necesario esperar a que alguien se suicide para saber que el costo es alto.
