En la educación superior, entre los economistas, sociólogos, trabajadores de la transparencia, organismos de control de las finanzas públicas, políticos y hacedores de opinión, les resulta común y de interés referirse al tema de la calidad del gasto público, especialmente en sociedades como la nuestra, que acumula muchos déficits económicos y sociales, ante la evidente escasez de recursos financieros para enfrentarlos.
Los problemas heredados u originados en el presente son para afrontarlos, mitigándolos o solucionándolos. El pasado como referente siempre será positivo, pero no debe constituirse en una excusa válida para la inacción o para no establecerlo como prioridad y superarlo en el más corto tiempo posible, conforme a las limitaciones materiales.
La calidad del gasto público dominicano es un problema ancestral en cualesquiera de las perspectivas que les son inherentes: la transparencia, la del uso eficaz y eficiente -medido por el impacto en la población- y, la asignativa, que equivale a decir, los recursos presupuestarios que son apropiados y luego ejecutados anualmente por las instituciones públicas competentes.
La presente opinión se limita a abordar el tema de la calidad del gasto público en el componente de la ejecución de los recursos asignados en las clasificaciones económica y funcional de la contabilidad presupuestaria. Queda pendiente para otra opinión, evaluar los resultados de la ejecución de la calidad del gasto público en la perspectiva de medir su impacto sobre los indicadores en educación, salud y vivienda; especialmente, en un año escolar donde todos los estudiantes pasaron de curso y el tema de la sindemia sanitaria resulta una tarea pendiente.
En el compromiso público más reciente, asumido para alcanzar la mayoría de las preferencias de los electores dominicanos, los que hoy tienen la responsabilidad de la acción gubernamental, presentaron la promesa de mejorar la calidad del gasto público a fin de que más ciudadanos fueran beneficiados, particularmente los que se encuentran en los sectores vulnerables de la sociedad.
Para alcanzar la calidad del gasto público, en las perspectivas de cumplir con los resultados esperados y el manejo transparente de los recursos, la primera condición que debe cumplirse es la apropiación presupuestaria y luego su ejecución, en cualesquiera de las versiones relativa, como proporción del gasto total, de los ingresos o del producto interno bruto (PIB) de la economía.
Como sombrilla de la calidad del gasto público se encuentra la calidad de las finanzas públicas, pudiendo esta ser abordada al menos desde una dimensión, la del papel sobre el nivel de sostenibilidad de la deuda. En el caso dominicano, al presentar en forma frecuente déficits fiscales y solo para mencionar un año -el del 2021, el previsible original era de un 3.0% del PIB y el reajustado a un 4.5%, también del PIB-, los que a su vez han estado alimentando en forma sistemática el aumento del stock de la deuda del sector público no financiero, pasando de diciembre de 2020 a junio de 2021 de US$44,622 millones a US$47,406 millones, un incremento de US$2,784, equivalente a un 6.2% en tan solo seis meses.
El continuo aumento de la deuda pública ha hecho comprometer también de manera creciente la presión del pago de los intereses sobre los ingresos corrientes en torno al 21.0% y respecto al gasto total similar a la métrica referida, restando ambos indicadores capacidad de asignación de recursos presupuestarios a otras necesidades y también reduciendo la capacidad operativa del gobierno para afrontar las crecientes demandas sociales y de obras públicas.
Al evaluar en forma puntual la composición económica del gasto público ejecutado, previo a la pandemia, el gasto de capital se situaba cercano al 14.0 % del gasto público total; sin embargo, en el año de la aparición de la pandemia por Covid-19 se redujo a un 11.4 % y al 6 de agosto del 2021 la caída continua y ahora se coloca en un 6.8 %, el más bajo de la historia económica dominicana. El gasto corriente por su lado ha cambiado, incrementándose de un 86.2% a un 93.2% del gasto público total.
El agravante de la caída del gasto de capital dominicano, es que le resta capacidad de hacer crecer a la economía por la vía de las inversiones públicas, única forma de capitalizarla para aumentar la capacidad productiva del país en cuanto al aporte público y de apreciar la calidad de ese tipo de gasto, al tiempo de servir de soporte para el pago a tiempo de los distintos plazos de los compromisos de deuda pública.
Por el lado del gasto social ejecutado, el comportamiento hasta la primera semana de agosto de 2021 muestra una disminución desde que el país enfrenta la situación sanitaria que nos afecta por la pandemia del tipo de coronavirus. En el 2019 -tiempo de normalidad-, la ejecución del gasto social fue de un 46.4%; mientras que, al llegar el Covid-19 en el 2020 se elevó a un 55.9%, para luego bajar en lo que va del 2021 a un 50.9%, una caída de 5 puntos porcentuales.
La dificultad que envuelve la reducción relativa del gasto público social es que compromete menores resultados a favor de los sectores más vulnerables de la sociedad, negándole o retardándole la posibilidad de salir del estado de pobreza y de insertarse en el mercado laboral en mejores condiciones competitivas y duraderas.
La promesa de mejorar la calidad del gasto público en el país, al menos en el componente asignativo, continúa siendo una materia pendiente y tal vez sea el único alumno que no la aprobó, contrario a los del sistema escolar público, en la que todos han sido promovidos a un grado superior, pero sin evaluaciones y calificaciones que lo avale.
