Los líderes políticos, empresariales y sociales de República Dominicana iniciaron este lunes un diálogo convocado por el presidente del país, Luis Abinader, para discutir una reforma constitucional y otros proyectos.
En la primera reunión del diálogo, coordinado por el Consejo Económico y Social (CES), asistieron los doce partidos con representación en el Congreso Nacional (bicameral) y abordaron básicamente la metodología a utilizarse en los encuentros.
Los participantes acordaron, además, agregar a la agenda de discusión el Código Electoral, según un comunicado leído al final del encuentro, que proseguirá el próximo 15 de septiembre.
De acuerdo con dicho comunicado, esta convocatoria “responde a los anhelos de la mayoría de los dominicanos de que se produzca un gran diálogo para abordar temas estratégicos de la agenda nacional”.
Tras agradecer “la masiva” acogida al encuentro por parte de los sectores participantes, la vicepresidenta del país, Raquel Peña, que encabeza la delegación del Gobierno, confió en que el diálogo permita “consensuar las mejores ideas” para “elaborar propuestas integrales que vayan a canalizar el mejor éxito” del país.
El pasado 18 de agosto, Abinader anunció que impulsará una reforma a la Constitución para establecer en ella la independencia del Ministerio Público y de otros organismos, como la Junta Central Electoral (JCE).
Abinader, quien dirigió una alocución al país con motivo de su primer año en el poder, dijo que su propósito es “blindar” a través de la Constitución los avances democráticos que, aseguró, ha alcanzado su Gobierno en la lucha contra la corrupción y la separación de los poderes del Estado.
El mandatario aseguró que está dispuesto a debatir con la oposición una serie de reformas, como son la fiscal, la laboral y la educativa; así como de la Seguridad Social y de la Policía Nacional; y la que atañe a los sectores eléctrico, del agua, del transporte y de hidrocarburos, además de la transformación digital.
No obstante, ayer reiteró su rechazo a la posibilidad de discutir cualquier cambio en la elección presidencial, que ahora permite dos mandatos consecutivos e impide a los gobernantes optar a un tercer período, sea consecutivo o no.
