Luego de concluidas unas elecciones en las que se presentaron pocas sorpresas, el Gobierno ha anunciado una serie de reformas, a la sazón, una fiscal,la constitucional, modificación de la Ley de Seguridad Social, y del Código de Trabajo, entre otras. Tal como comentamos en la entrega anterior, que se centró en algunas consideraciones sobre la necesidad o no de la reforma constitucional, debemos abocarnos a plantear aspectos relevantes a todas las anunciadas.
En primer término, es extraña la anunciada decisión del Gobierno de proceder primero con la reforma a la Constitución, antes de cualquier otra reforma. Extraña porque también se ha anunciado que algunas de las reformas podrán ser abordadas en la actual legislatura, que le resta apenas un mes (a menos que sea extendida hasta el 16 de agosto). No son compatibles estas dos posiciones, y el Gobierno debe tomar la decisión de cuál escoger, y debe hacer su estrategia pública.
Igualmente, nos parece que el Congreso actual tiene muchas piezas legislativas valiosas pendientes, y resulta algo contrario a la democracia que los legisladores -la mayoría de los cuales no repiten- voten sobre reformas sustantivas. Deben ser los nuevos legisladores, para que sean juzgados por sus votos en cuatro años, quienes tomen la palabra y decisión sobre las reformas que se proponen en este caso, como un mayor ejercicio de democracia.
Respecto a la reforma fiscal, también es un tema que hemos tocado en varias ocasiones, y podemos resumirlo en lo siguiente: las tasas de los impuestos en nuestro país no son bajas; ese no es el problema, sino que la evasión y la informalidad limitan la capacidad recaudatoria del Estado. Hasta ahora, el Gobierno ha tratado con extremo hermetismo la reforma fiscal, pero de más está decir que una reforma que penaliza a los sectores productivos sin tratar de resolver la causa de la necesidad real que existe de aumentar las recaudaciones, estará destinada a fallar.
En cuanto a la modificación de la Constitución, no estamos en contra si se busca mejorar aspectos institucionales: unificar las elecciones, ofrecerle mayor autonomía e independencia al ministerio público, e igualmente, otros aspectos que quedaron inconclusos en la reforma del 2010. Pero al igual que el tema fiscal, no ha habido una clara estrategia de parte del Gobierno de explicar las razones para una reforma tan trascendental ni el alcance de la misma, lo que ha levantado suspicacias.
En cuanto a las reformas propuestas respecto al sistema de seguridad social y del Código de Trabajo, ha habido propuestas y discusiones públicas al respecto, por lo que se ha trabajado en un marco referencial y acuerdo entre sectores al respecto. En cualquier negociación, ninguna parte obtiene todo lo que pretende, pero se logra un punto medio que dota de legitimidad democrática cualquier cambio sustancial.
De eso se trata: nuestro país requiere de grandes transformaciones, hacernos una economía y potencia en la región, y un marco jurídico robusto y seguro. Debemos apoyar y aportar a las reformas. Pero el Gobierno debe hacer su parte y convocar a un diálogo abierto y sustantivo para consensuar todas estas importantes propuestas, pues de otra manera, no prosperarán.
