Independientemente del tipo de reforma fiscal que se conciba, se apruebe e implemente, lo cierto es que existe consenso sobre el hecho de que esta no debe afectar a la población pobre ni a los vulnerables del país. Sin embargo, cómo asegurar que un aumento en los impuestos (o disminución de estos), desde el enfoque tributario, no recaiga, al final, negativamente, sobre la clase de menos ingresos.
Adicionalmente, ¿cómo lograr que la reforma fiscal, con orientación integral y dirección progresiva, sirva para mejorar la calidad de vida de la gente? Estas interrogantes son, además de validas, importantes desde el punto de vista de las expectativas que tienen los individuos en torno a los resultados probables de una reforma fiscal de la que todos hablan, pero la cual la mayoría de la gente no entiende.
De la reforma fiscal que, como concepto, está en los todos los medios de comunicación y en las diferentes redes sociales, el Gobierno solo ha explicado que está en proceso de elaboración, que es un mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), y que es una de las reformas estructurales pendientes. En adición, se verifica una narrativa, asumidas, por muchos, incluyéndonos, de que esta reforma tiene su origen en un faltante que existe definido como déficit fiscal, que, de no enfrentarse en el corto plazo, podría tener consecuencias y resultados negativos para el desempeño de la economía dominicana durante los próximos años.
Este déficit, de alrededor de 3.0% del PIB, como promedio anual, durante doce años consecutivos, a excepción de 2020 que se elevó como resultado de la pandemia del covid-19, parece insostenible en el mediano y largo plazo. El déficit, que acumula intereses y capital anualmente, va disminuyendo espacio fiscal para solventar el peso de la administración pública del país, pues un porcentaje importante de los recursos captados por la gestión tributaria (25.0% de los ingresos tributarios) se destinarán, durante el 2024, al pago de los intereses de marras. Mientras tanto, se ha tenido que tomar nuevos préstamos con organismos internacionales y/o colocar bonos en los mercados internacionales, lo cual también es insostenible en un plazo largo.
Pero la deuda social que tiene el Estado con los pobres del país sigue latente, a pesar de la cháchara política y de la existencia de múltiples programas sociales que, además, constituyen una carga económica importante para el Gobierno. Según datos del Ministerio de Economía (MEPyD), en República Dominicana existían, a 2022, 2,9 millones de personas pobres, lo que implica que, en el país, alrededor del 26% de la población es pobre, porcentaje que, desde nuestra óptica, resulta elevado para una nación que ha sido colocada como de ingresos medios y que ha experimentado un crecimiento de alrededor de 6% durante los ultimas 4 décadas.
En suma, la reforma fiscal que se avecina resulta todo un reto para el Gobierno, pero también una oportunidad única para iniciar, de manera definitiva y seria, las transformaciones del Estado que se requieren para avanzar, a una mayor velocidad, por la senda del desarrollo económico y social. Lo que sí debe asegurar el presidente Luis Abinader es que esta reforma tenga un rostro humano, es decir, que en el centro del debate y de las medidas a tomar esté el bienestar de la población, así como la disminución de la pobreza y la vulnerabilidad, y también la mejora de la calidad de vida de la gente.
