El director ejecutivo de la Sociedad de Empresas de Combustibles y Derivados (SEC), Jorge Esteva, expresó su preocupación por el mecanismo propuesto para la operación de las tres estaciones de combustibles del municipio de Miches, intervenidas recientemente por el Ministerio Público, en el marco de la Operación Falcón.
Esteva señaló que la medida propuesta para la administración de estos activos requiere de una mirada «más exhaustiva y que una decisión de esta índole, ejecutada sin tomar en cuenta a las entidades involucradas contractualmente, podría vulnerar el estado de derecho y crear distorsiones importantes en el sector».
“Desde SEC, aplaudimos las acciones llevadas a cabo por el Ministerio Público en la persecución de los ilícitos en cualquiera de sus manifestaciones, en especial por el tema de lavado de activos, sin embargo, nos preocupa el hecho de que con el interés de resolver una situación de suministro en una demarcación se adopten nuevas figuras que no están acreditadas por las autoridades pertinentes para la función en lugar de explorar otros mecanismos que reconozcan los compromisos y obligaciones contractuales, así como la preservación de las inversiones de las empresas distribuidoras de combustible”, sostuvo Esteva.
El ejecutivo agregó que “la operación de una estación de expendio de combustibles tiene una serie de requerimientos, incluyendo licencias y permisos especializados, cuya administración por una figura no acreditada podría significar una competencia desleal contra el sector”.
En este sentido, el presidente de SEC solicitó que sea reconsiderada la intención de traspasar estas estaciones a la Refinería Dominica de Petróleo PDV (Refidomsa) y que se establezca una mesa de trabajo que incluya al Ministerio Público, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, y a las empresas distribuidoras con las que las estaciones mantienen contratos vigentes, para buscar soluciones que permitan proteger la inversión en dichas propiedades, así como mantener su operación dentro de lo establecido en el marco legal.
Dijo, además, que la intención de adoptar esquemas alternos no solo pone en riesgo las millonarias inversiones realizadas en el sector de combustibles, sino que podrían eventualmente lesionar los contratos existentes y las normas establecidas por las instituciones reguladoras, por lo que dejaría expuestos a todos los sectores de la cadena de suministro, permitiendo que figuras no habilitadas compitan de forma directa e irregular.
