Desde hace un tiempo a esta parte, la casi totalidad de los organismos multilaterales vienen mostrando preocupación por los efectos que están teniendo el cambio climático y el calentamiento global, sobre todo en las economías emergentes y de ingreso medio y bajo.
En efecto, entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) han aportado diversos estudios e investigaciones para demostrar la necesidad de que las economías de la región inicien procesos de descarbonización y, por esa vía, ayuden a lograr la meta de cero emisiones de gases de efecto invernadero, al año 2050. Obviamente, esto implica planificar e impulsar políticas públicas, medidas y acciones que fomenten, en el ámbito privado, la creación de empleos verdes y, al mismo tiempo, desincentiven el uso de combustibles fósiles para fines de producción de bienes y servicios.
En ese contexto, se le asigna a la política fiscal, y específicamente a los ministerios de hacienda y finanzas, responsables de su diseño e implementación, un rol preponderante para alcanzar el objetivo anteriormente señalado. En efecto, un estudio realizado por el BID enumera varios aspectos a través de los cuales estos ministerios, vinculados a todas las áreas del Estado, pueden incidir para que haya una transición hacia economías verdes, mucho más amigables al medio ambiente, y con una vocación de generar empleos verdes.
Por ejemplo, en este estudio se afirma que “el cambio climático y un proceso de transición desordenado a economías de bajas emisiones de carbono, puede tener un impacto sistémico en el sector financiero y en el equilibrio macroeconómico”, algo que los ministerios de finanzas deben prever y enfrentar con políticas fiscales y políticas monetarias armonizadas, de modo que se identifiquen los riesgos climáticos existentes.
En el mismo sentido, pueden ocurrir presiones sobre las finanzas públicas, derivadas de la ocurrencia de eventos climáticos extremos y las consecuentes pérdidas de vidas humanas. Así, se afirma en el estudio, además, que “la ocurrencia de al menos un evento climático extremo por año, se asocia a un incremento del déficit fiscal del 0,8% del producto interno bruto para los países de ingreso mediano bajo, y de un 0,9% para el grupo de ingreso bajo en América Latina y el Caribe”.
En resumen, se plantea que los ministerios de finanzas, junto a los de medio ambiente y economía y planificación, deben formar una tríada gubernamental que permita movilizar recursos, catalizar inversión privada y establecer incentivos que promuevan la producción verde. Pensémoslo para República Dominicana.
