El Senado aprobó el proyecto de ley para el control de venta, suministro y consumo de bebidas alcohólicas que, en caso de ser promulgado, prohibirá la ingesta de alcohol en la vía pública. La propuesta, elaborada por el senador Santiago José Zorrilla, prohíbe, en su artículo 52, su consumo en la vía pública, aceras, calles, avenidas o parques.
Esto, como era de esperarse, ha levantado un avispero entre los industriales, pues alegan que causaría un impacto muy lesivo a la actividad económica y a la generación de empleos. La posición, expresada a través de la Asociación de Industrias (AIRD), se sustenta, además, en que este tipo de marco legal crearía confusiones, así como dualidades de roles institucionales en el combate contra el ilícito en las bebidas alcohólicas.
De hecho, el gremio de los industriales asegura que existen mecanismos para la fiscalización efectiva del expendio y consumo de bebidas alcohólicas sin necesidad de crear una ley como la citada. Y la verdad hay que decirla: los empresarios parece que tienen razón. Citan una serie de leyes que en cierta medida, unas más que otras, servirían para controlar esta situación que, por supuesto, preocupa a más de uno porque no es un secreto que hay lugares (calles, parques, callejones, canchas) que son convertidos en todo un caos por la aglomeración de personas mientras toman bebidas alcohólicas.
¿Cuáles legislaciones cita la AIRD? Entre esos mecanismos legales la organización cita las 17-19, para la Erradicación del Comercio Ilícito; 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y la 136-03 que dicta el Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Asimismo, la Ley 358-05 de Proconsumidor, entre otras disposiciones. E
l senador proponente, quizá con las mejores intenciones, ha puesto sobre la mesa un tema que en estos momentos resulta un tanto contradictorio en tanto la economía se encuentra en un proceso de recuperación.
El Estado está obligado a controlar los “teteos” o fiestas ilegales en las vías públicas a altas horas de la noche, pero hacerlo en este momento generaría más mal que bien. Este proyecto de ley, que por supuesto es bueno repetir que tiene buenas intenciones, constituye una especie de obstáculo en este momento.
Lo justo y oportuno, sin que esto signifique que algún día no pueda tratarse el tema a mayor profundidad, es que se apliquen las leyes vigentes. Sólo la Ley 63-17 es más que suficiente para que las autoridades eviten que nuestras calles sean tomadas arbitrariamente por negocios y personas irresponsables impidiendo el libre tránsito de los ciudadanos.
Por lo menos en estos momentos, aunque no sé si después sea aplicable, establecer limitaciones y restricciones a las actividades comerciales mediante la imposición de licencias obligatorias, especialmente a las mipymes, sería contraproducente ya que aumentaría los costos operacionales y muchos negocios se verían forzados a cerrar sus puertas.
Que conste en acta: estoy de acuerdo con el orden y las regulaciones, pero atendiendo a nuestra realidad actual.
