El sistema dominicano de seguridad social procura asegurar una pensión “digna” para los trabajadores formales al momento de su retiro, luego de 360 cotizaciones, que equivalen a 30 años, y tras superar la edad de 60 años.
Una vez alcanzadas esas condiciones, el trabajador tiene derecho a su pensión, pero “ojo”, para recibirla debe estar desempleado, es decir, no puede cotizar a la seguridad social, pues se trata de un beneficio dirigido hacia los que ya no pueden desempeñar labores productivas.
Sin embargo, la condición de estar desempleado para optar por su pensión implica también dejar de cotizar para el Seguro Familiar de Salud (SFS) en el régimen contributivo, es decir, quedarse sin seguro médico. Pero, ¿cómo así? ¿En el momento de mi retiro, cuando paso de 60 años y más necesito de un seguro médico, debo quedarme sin seguro para reclamar mi pensión?
Si estar desempleado implica dejar de cotizar para el seguro, entonces esa es la situación que han de enfrentar los trabajadores que alcancen las condiciones para pensión.
Esa situación también pesaría sobre aquellos que pasaban de 45 años cuando inició el sistema de capitalización individual en junio de 2003 y que al cumplir los 60 años tienen la opción de una pensión “mínima” si sus fondos acumulados así lo permiten o de la devolución de su dinero acumulado, si no alcanzan para ese “beneficio”. En ambos casos, al igual que si es para la pensión regular, debe estar desempleado para poder cobrar.
Entonces, ¿cuál es la opción del potencial pensionado para no quedarse sin seguro médico? Puede procurar su inscripción en el Seguro Nacional de Salud (Senada) en el régimen subsidiado, lo cual no marca mucha diferencia con el hecho de no tener seguro, pues recibiría sus servicios sanitarios en la red de hospitales públicos, como lo reciben los que no están asegurados, aunque en algunas “relativas” mejores condiciones.
Otra opción es que, de la proporción que le toque como pensión, saque una parte para pagar un seguro médico privado de los planes que ofrecen las administradoras de riesgos de salud (ARS), que tendría un costo mínimo de aproximadamente RD$3,000 mensuales sólo para usted, sin incluir a sus dependientes cercanos, como ocurre con el SFS del régimen contributivo para los trabajadores formales activos.
Lo anterior es una debilidad del sistema dominicano de seguridad social establecido por la Ley 87-01, la cual, posiblemente incluye alguna previsión al respecto, pero las autoridades no se han ocupado de hacerla cumplir, como ocurre con otras reivindicaciones incluidas en esa normativa.
Por ejemplo, la Ley 87-01 establece que los recursos acumulados en el sistema de reparto por los trabajadores que comenzaron a cotizar con más de 45 años de edad, debían ser reconocidos y sumados a su cuenta de capitalización individual para tener recursos suficientes al llegar a la edad de retiro. Pero eso no se cumplió, a pesar de que la normativa tiene ya 20 años.
Tampoco se ha dado cumplimiento a la creación del seguro de desempleo, que pudiera ser un perfecto complemento a la hora de plantear la eliminación del derecho de cesantía establecido en el Código de Trabajo.
También está pendiente de cumplimiento la creación del “régimen contributivo subsidiado”, con el que se procuraba crear una cobertura de seguro y de ahorro de pensión para trabajadores independientes o informales, que actualmente están fuera del sistema.
Ahora que se está planteando en el Congreso Nacional una propuesta de modificación de la Ley 87-01, sería oportuno que los legisladores tomen en cuenta los aspectos de la propia ley que no se están cumpliendo y que solo hay que hacerla cumplir y la parte del seguro médico para los pensionados, que tendrían que perderlo para poder optar por su pensión, pues es un requisito previo estar desempleado del mercado laboral formal para recibirla.
Ojalá que la pretendida solución no sea la de aprobar una nueva ley para establecer lo que ya está establecido por ley y sencillamente no se cumple. A eso nos están acostumbrando nuestros “honorables” y poco calificados legisladores del Senado y la Cámara de Diputados.
