Entre las diversas áreas de reformas que ha planteado el presidente Luis Abinader, solo la constitucional supera la propuesta de una reforma fiscal integral en haber acaparado la atención de diversos sectores de la vida nacional. Resulta evidente para cualquier persona el hecho de que la materia de tributación impacta a todos en su vida cotidiana, por lo que es un elemento de gran interés.
Uno de los puntos comentados es la necesidad de que la reforma fiscal sea “integral”, pero para muchos no ha quedado claro el significado de esta palabra, ni su importancia en el contexto de esta iniciativa. Desde un sentido literal, integral está definido como algo que “comprende todos los elementos”, y esto es exactamente lo que se persigue en una reforma fiscal.
En el pasado, al menos desde el año 1992, cuando se realizó la última real reforma tributaria integral con la promulgación del Código Tributario hoy vigente, las reformas que se han producido en la materia han sido coyunturales, respondiendo a situaciones particulares. Con el tiempo, estos llamados “parches” vienen desnaturalizando y distorsionando el sistema tributario, a la vez que lo hacen más complicado y su cumplimiento más costoso.
En una reforma que abarque todos los aspectos del sistema fiscal -desde la base tributaria (a cuáles productos, servicios y tipos de ingreso le aplican los tributos), las tasas, las exenciones y los procedimientos tributarios- es precisamente lo que se necesita para cumplir con las metas sociales.
En la medida en que sean exceptuados temas o aspectos de una reforma por no ser políticamente viables, se hace más difícil lograr una reforma fiscal que cumpla con lo deseado.
En el fondo, lo que debe perseguir la reforma tributaria no es únicamente aumentar los ingresos fiscales -aunque esa sea una de las metas- sino también crear las condiciones para el crecimiento económico y de empleos a través de la racionalización y simplificación del sistema fiscal. Si realmente se persigue y se logra una reforma fiscal integral y racional, su efecto sería de sentar las bases para un crecimiento económico en el país, que a la vez, redundará en mayores aportes al fisco, es decir, un circulo virtuoso, en que todos ganan.
Algunas personas que comentan el tema suelen externar una posición de que, supuestamente, el empresariado nacional se opone a una reforma fiscal integral por los intereses que implica eliminar exenciones y otros elementos del sistema tributario. Sin embargo, los empresarios son los primeros interesados en la simplificación del sistema tributario, por los altos costos que implica el cumplimiento del complicado sistema actual, y también para contar con finanzas públicas estables que sean capaces de soportar servicios públicos comprensivos y competentes.
Una reforma fiscal integral, y no de parches, es lo que la República Dominicana necesita de cara a la economía del Siglo 21 y pos-covid, para ayudar a que nuestra competitividad aumente y, de esta forma, se generen más y mejores empleos, más actividad económica y más aportes al Gobierno para que pueda cumplir con su función social.
