El economista y extitular de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Guarocuya Félix, afirmó que el servicio de seguro no debe considerarse un gasto accesorio ni un consumo prescindible, sino una herramienta esencial de protección económica y social, especialmente en países vulnerables a fenómenos naturales y riesgos patrimoniales como República Dominicana.
Explicó que, en economías expuestas a huracanes, inundaciones, accidentes, enfermedades e interrupciones productivas, los seguros funcionan como una infraestructura económica al transformar riesgos inciertos en costos previsibles, facilitar el acceso al crédito y proteger el patrimonio de familias y empresas.
“En un país caribeño como la República Dominicana, profundizar el mercado asegurador no es una agenda sectorial; es una condición para construir mayor resiliencia económica y social”, afirmó Félix en entrevista a elDinero.
El economista advirtió que la carga tributaria aplicada al sector asegurador puede limitar el crecimiento del mercado, al encarecer una actividad que, a su juicio, debería ser promovida por el Estado.
Señaló que la penetración de los seguros en República Dominicana ronda el 1.8% del producto interno bruto (PIB), por debajo del promedio regional cercano al 3% y muy distante de los niveles observados en economías de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde alcanza entre el 8% y el 9% del PIB.
Para Félix, esta brecha refleja el amplio margen existente para ampliar la transferencia de riesgos al mercado asegurador y reducir la exposición económica de hogares, empresas y del propio Estado.
Uno de sus principales cuestionamientos se dirige al Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) aplicado a las pólizas.
Considera que el problema no es solo cuantitativo, sino conceptual, ya que el seguro es tratado como un bien de consumo cuando en realidad constituye un mecanismo de previsión y protección financiera. “Gravar el seguro como consumo selectivo equivale a tratar la previsión como una decisión ordinaria de gasto, cuando en realidad se trata de un mecanismo de protección económica”, expresó.
Añadió que, al no operar como un impuesto al valor agregado con crédito fiscal, el ISC se incorpora como un costo adicional que influye en las decisiones de aseguramiento de familias y empresas. A su entender, una política tributaria mal diseñada puede fomentar el subaseguramiento, reducir la penetración del mercado y aumentar la absorción de pérdidas por parte del Estado ante eventos extremos.
No obstante, aclaró que cualquier revisión fiscal debe realizarse con criterios de gradualidad, equidad y responsabilidad fiscal. Advirtió que una eliminación inmediata y generalizada del impuesto podría beneficiar principalmente a hogares de mayores ingresos, empresas formales y propietarios de activos de alto valor.
Por ello, propuso que una eventual reducción del ISC se concentre inicialmente en seguros de vida, microseguros, coberturas agropecuarias, seguros catastróficos, viviendas de bajo costo, responsabilidad civil y pólizas para micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Mientras tanto, podría mantenerse temporalmente una tributación mayor sobre coberturas patrimoniales de alto valor o segmentos con mayor capacidad contributiva.
“Así, la política tributaria evitaría convertirse en una transferencia regresiva hacia quienes ya están protegidos y pasaría a ser un instrumento para ampliar la inclusión aseguradora”, sostuvo.
Desmonte en seguros de vida
En relación con los seguros de vida, Félix consideró que existen razones particularmente sólidas para desmontar la carga tributaria aplicada a ese segmento. “El seguro de vida no es un lujo; es protección familiar, continuidad patrimonial y previsión frente a la muerte prematura del proveedor de ingresos”, afirmó.
A su juicio, una carga fiscal elevada desincentiva precisamente la conducta que el Estado debería promover: la protección financiera preventiva de las familias. El economista comparó esta situación con los cambios introducidos en los seguros de salud tras la promulgación de la Ley 87-01 sobre Seguridad Social y planteó la necesidad de revisar si el tratamiento tributario actual de los seguros de vida es coherente con una arquitectura moderna de protección social y financiera.
Félix reconoció que los impuestos no son el único factor que limita el acceso a los seguros, ya que también influyen variables como el nivel de ingresos, la educación financiera, la confianza institucional y la cultura de gestión de riesgos.
Sin embargo, insistió en que el encarecimiento artificial de las pólizas reduce la cobertura, incrementa el subaseguramiento y obliga al Estado a asumir pérdidas que pudieron transferirse al mercado. “El riesgo no desaparece; simplemente se queda en los hogares, en las empresas o en el balance público”, agregó.
Asimismo, sostuvo que una eventual reforma tributaria debe evaluarse no solo por su impacto recaudatorio inmediato, sino también por sus efectos sobre la expansión de la cobertura aseguradora, la protección de las mipymes y la reducción de vulnerabilidades económicas futuras.
“Reducir la carga impositiva del seguro no debe verse como una concesión sectorial, sino como una política económica de resiliencia nacional”, enfatizó. Según explicó, el objetivo no es favorecer a quienes ya están protegidos, sino ampliar la cobertura hacia quienes enfrentan riesgos sin protección suficiente.
“Una fiscalidad bien diseñada no solo recauda: también define incentivos, distribuye riesgos y fortalece la estabilidad económica del país”, puntualizó.
