La “inversión” de las instituciones gubernamentales en publicidad institucional, que en realidad es “promocional”, tiene dos objetivos: de un lado procura neutralizar el sentido crítico de los medios de comunicación y de los comunicadores y, de otra parte, tratar de generar en la población una percepción de bienestar y mejoría.
Sin embargo, tanto autoridades actuales, como las anteriores, pierden de vista dos aspectos: uno de ellos es que la publicidad no llega de manera directa y con efectos persuasivos a toda la población, especialmente a la más necesitada, que es la que menos acceso tiene a los medios impresos y electrónicos.
El otro aspecto es que, cuando la realidad es de deterioro de la condición de vida de aquellos que están acostumbrados a recibir asistencia social y que ahora reciben menos o que han visto incrementarse los precios de los productos de la canasta básica, no hay forma de que la publicidad los convenza de algo distinto a su situación real.
