El tratamiento del cuestionado proyecto de Ley Contra la legitimación de ganancias ilícitas en la Asamblea Legislativa boliviana se suspendió “momentáneamente” para atender las dudas y observaciones de los sectores que rechazan esta norma y que realizan protestas.
El presidente de la Cámara de Senadores, el oficialista Andrónico Rodríguez, anunció este martes en conferencia de prensa que ante la “susceptibilidad” de varios sectores a este proyecto de norma se abrirá “la posibilidad” de dialogar y recibir las dudas y las observaciones de la norma de los sectores que así lo requieran.
“No es que la ley esté mal en su conjunto, hay algunos artículos en cuestión que hay que aclararlos”, señaló Rodríguez.
El presidente del Senado sostuvo que ya hay un cronograma para que la Comisión de Constitución pueda ir a los nueve departamentos para recoger las observaciones y se pueda explicar el proyecto de ley.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani Laura, acotó que esta “paralización momentánea” es para poder “consensuar” con los sectores sociales y explicarles que esa norma está dirigida para “los señores que se han enriquecido con millones de millones y que no pueden justificar esas ganancias”.
La marcha
El anuncio coincidió con una protesta de decenas de gremiales de la ciudad de El Alto, contigua a La Paz, que marcharon por las calles paceñas expresando su rechazo a este proyecto de ley que este mes fue aprobado por la Cámara de Diputados y enviado al Senado para su tratamiento.
“A simple denuncia van a querer investigar a los comerciantes y a nuestros puestos de venta y van a querer meternos a la cárcel o quitarnos nuestros bienes inmuebles”, indicó el secretario ejecutivo de los gremiales de El Alto, Antonio Siñani.
Por ello los comerciantes se movilizaron para exigir la anulación del proyecto o que ese sector sea excluido del mismo.
Los gremialistas anunciaron otras medidas de presión como bloqueos de carreteras si es que el Gobierno boliviano no escucha su petición.
Antecedentes
La oposición boliviana criticó este mes que con este proyecto de ley se le dé “poderes extraordinarios” a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), a la Fiscalía, al Ministerio de Justicia y que podría atentar a la libertad de expresión.
Entre las observaciones está la prohibición de evocar la reserva, secreto o confidencialidad cuando la UIF solicite alguna información que afecta al gremio periodístico que rechazó esta norma.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) manifestó en un comunicado su “profunda preocupación” por algunos artículos que “afectan derechos y garantías constitucionales” y que por la “ambigüedad de algunos artículos ponen en indefensión a los empresarios, ciudadanos y emprendedores que han creado su riqueza con honestidad”.
“No se puede justificar el menoscabo a derechos fundamentales como la presunción de inocencia, la privacidad, el secreto profesional, la libertad de prensa, la protección de datos personales”, señala el comunicado emitido la pasada semana por la CEPB.
La Cámara de Exportadores también expresó su preocupación por que esta norma puede vulnerar algunos derechos como la indagación de cuentas personales sin necesidad de una orden judicial.
