La calificadora de riesgo Moody’s mejoró este miércoles de negativa a estable su perspectiva para el sistema bancario de Colombia y mantuvo la calificación de la deuda a largo plazo del país en moneda extranjera en Baa2.
La calificadora de riesgo informó en un comunicado que tuvo en cuenta la gestión macroeconómica de las instituciones del país y su capacidad para generar consensos y promover políticas que fomenten el crecimiento y soporte de las medidas fiscales.
En su decisión también fue clave que, pese a los desafíos de la pandemia del coronavirus y las recientes tensiones sociales en el país, el Gobierno colombiano “pudo aprobar medidas fiscales que promueven la estabilización de la deuda pública en los próximos años” y ha impulsado “una fuerte recuperación económica” durante este año.
“La expectativa de Moody’s de que el crecimiento seguirá siendo robusto en los próximos años denota la fuerte resistencia de Colombia”, destacó la calificadora al referirse a las adversidades monetarias que ha tenido que enfrentar el país.
También subrayó que la perspectiva estable asume que el próximo Gobierno, que asumirá en agosto de 2022, mantendrá las políticas macroeconómicas prudentes para conducir a la estabilización de las métricas crediticias y para reducir los desequilibrios fiscales y externos.
La firma valoró que Colombia tiene un historial bien establecido en cuanto a sus políticas macroeconómicas que le permiten superar grandes desafíos, “una característica institucional clave que respalda su perfil crediticio”.
Sin embargo, consideró que la pandemia y la subsiguiente respuesta política (tanto para mitigar la crisis de salud como para apoyar la recuperación) resultó en un deterioro en los índices de endeudamiento de Colombia, aunque está en línea con el de otros países.
Consensos para construir reforma fiscal
El ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, José Manuel Restrepo, destacó que “el mantenimiento del grado de inversión por parte de Moody’s reconoce esa gran fortaleza institucional del país de construir consensos con sentido de grandeza”.
Restrepo subrayó la aprobación de una nueva reforma tributaria, después de que una primera propuesta fuera retirada por la presión de decenas de miles de ciudadanos que salieron en masivas jornadas protestas en mayo y junio pasado para rechazar la política fiscal del presidente Iván Duque.
Duque sancionó a mediados de septiembre pasado la Ley de Inversión Social, con la que su Gobierno pretende recaudar 15.2 billones de pesos (unos US$4,013 millones) para garantizar la estabilidad de las finanzas públicas y la reactivación de la economía, tras los estragos causados por la pandemia en las arcas del Estado.
Según la calificadora, con la reforma tributaria el Gobierno construyó un amplio consenso entre los diferentes partidos políticos y representantes del sector privado para aprobar un proyecto que considera establecerá las condiciones para un proceso de consolidación fiscal confiable a mediano plazo.
Para el ministro, en la decisión de la firma fue clave el “diálogo constructivo alrededor de la sostenibilidad social y fiscal y la reactivación económica, con distintos actores de la sociedad”.
