La seguridad jurídica debe mantenerse como un elemento no negociable en la actualización de la legislación minera dominicana, debido a su incidencia sobre las inversiones existentes y las nuevas decisiones de capital, planteó Martín Valerio, director ejecutivo de la Cámara Minera Petrolera (Camipe).
En entrevista con elDinero, Valario explicó que contar con reglas previsibles permite fortalecer las inversiones que ya se encuentran instaladas en República Dominicana y ofrece mayor claridad a las empresas que evalúan desarrollar nuevos proyectos.
El representante de Camipe vinculó esa previsibilidad con la capacidad del sector para generar mayores exportaciones. Según su planteamiento, el fortalecimiento de las inversiones existentes puede traducirse en una mayor actividad productiva y, por consiguiente, en más ventas al exterior.
La seguridad jurídica también constituye, desde la perspectiva del gremio, una condición para que República Dominicana pueda atraer nuevas empresas mineras. Valario señaló que los inversionistas necesitan conocer de antemano las reglas bajo las cuales podrán desarrollar sus operaciones.
La discusión adquiere relevancia ante el proceso de actualización de la Ley Minera, cuyo marco vigente data de 1971. El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, ha planteado la necesidad de adecuar esa normativa a las condiciones actuales de la industria.
Para Camipe, la nueva legislación debe responder a una actividad que requiere decisiones de inversión con horizontes de largo plazo. La previsibilidad de las normas es, por tanto, parte de las condiciones que las empresas consideran antes de comprometer capital.
Valerio sostuvo que la seguridad jurídica no beneficia únicamente a los inversionistas extranjeros. También permite crear condiciones más estables para las compañías que ya desarrollan actividades mineras en el territorio dominicano.
El planteamiento del gremio coloca la reforma legislativa en una dimensión vinculada directamente con la competitividad. La discusión no se limita a modificar una norma antigua, sino a establecer las condiciones regulatorias bajo las cuales el país buscará captar inversiones mineras en los próximos años.
Para Camipe, una legislación que ofrezca mayor previsibilidad puede facilitar la planificación empresarial y reducir la incertidumbre asociada con proyectos que requieren inversiones significativas antes de alcanzar su etapa productiva.
