[dropcap]U[/dropcap]ber es una aplicación móvil que conecta a los usuarios del servicio con otras personas que han puesto su vehículo privado a disposición de Uber.
A diferencia de los servicios de despacho de “taxis” normales, los conductores de vehículos que se han puesto a disposición de Uber son los que deciden si aceptan o no la solicitud de transporte que ha sido transmitida a través de la plataforma de Uber.
La expansión global de Uber ha sido controversial, ya que en muchos países las agrupaciones que representan a los taxistas tradicionales se han opuesto a la entrada en su mercado del servicio de Uber.
Esta oposición se ha enfocado, en muchos casos, en alegar que el servicio de Uber no se encuentra amparado bajo las leyes del país. Ante el reciente anuncio de operación de Uber en República Dominicana, se ha desatado una gran polémica sobre su legalidad en el país.
La Ley 76-00 crea el “Consejo de Administración y Regulación de Taxis en cada municipio del país”. Sin embargo, la ley no incluye la definición del término “taxi” como servicio, lo que deja en entredicho la aplicación de esta ley a una plataforma de coordinación de servicios como lo es Uber.
En este mismo sentido, a pesar de que la Ley 76-00 dispone sanciones penales en caso de incumplimiento, nos pareciera ser conforme a los criterios de constitucionalidad sancionar a una persona por incumplir una norma que no define su propio ámbito de alcance.
Otro argumento esgrimido es que es “anti-competitivo” permitirle la entrada al mercado a Uber. Nuestro criterio es el contrario: la Constitución garantiza la libertad de empresa, por lo que la presunción debe ser que cualquier elemento que constituye una traba o desincentivo al emprendurismo debe ser revisado con mucho cuidado.
No es menos cierto que la misma Constitución también dispone que el Estado deberá dictar medidas con la finalidad de regular la economía, pero siempre dentro del marco de la racionalidad y para el impulso de la competitividad nacional. El hecho de que Uber les ofrezca una nueva opción a consumidores debe tomarse en cuenta en este sentido.
La legalidad o no del servicio de Uber se enmarca dentro de una competencia mundial de la innovación en contraposición con las formas tradicionales de realizar negocios. En este caso, tenemos una ley que no prohíbe este servicio, y una evidente necesidad de mercado. La ley no debe ser un arma para coartar la innovación; la debe fomentar.
La legalidad de Uber va de la mano con la visión de futuro de nuestro país: o vamos hacia delante, o nos quedamos atrás.
