El directorio ejecutivo del Banco Mundial aprobó este miércoles un préstamo de política pública de desarrollo para República Dominicana (DPL, siglas en inglés) por US$60 millones a favor de los esfuerzos del país por promover el crecimiento inclusivo mediante el fortalecimiento de la gestión de las finanzas públicas y el aumento de la transparencia y monitoreo de las operaciones del Gobierno.
“Este financiamiento apoya los esfuerzos del Gobierno para mejorar la gestión de las finanzas públicas y fortalecer el uso de los fondos públicos basado en resultados. Estos esfuerzos conducirán a una prestación más eficiente de los servicios públicos para los más pobres mediante la asignación y gestión de los recursos públicos de forma más estratégica”, dijo Magín Díaz, viceministro de Crédito Público.
República Dominicana registró la mayor tasa de crecimiento en América Latina y el Caribe en 2014 (7.3%), recuperándose de la desaceleración en 2011 y 2012. Esto ha ayudado a impulsar el empleo y reducir la pobreza. Un total de 169,000 puestos de trabajo fueron creados entre octubre de 2013 y 2014. Se espera que el déficit por cuenta corriente se reduzca por debajo del 2% del PIB en 2015.
Sin embargo, las previsiones macroeconómicas y fiscales estiman que la deuda del sector público permanezca entre el 47.4 y el 51.2% del PIB en 2018. “Nos sentimos animados por el compromiso de las autoridades dominicanas para mejorar la prestación de servicios a los más pobres y los más vulnerables”, dijo Sophie Sirtaine, directora del Banco Mundial para el Caribe.
A su entender, las reformas del Gobierno para manejar sus finanzas públicas con mayor eficacia son una clara muestra de este compromiso, y las siguientes medidas serán importantes para la consolidación de los logros alcanzados en los últimos años.
La operación está alineada con la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana 2030. En concreto, las principales reformas a lograrse mediante este DPL son:
La mejora de la flexibilidad y la transparencia de la gestión de la deuda pública: Esto significa el fortalecimiento de la sostenibilidad de las finanzas públicas y la reducción de la deuda pública en general a través de una mejor coordinación entre las instituciones que emiten deuda pública, y las leyes que permiten la renegociación de la deuda existente bajo condiciones más favorables.
El Fortalecimiento de la planificación, presupuesto, ejecución, seguimiento y evaluación del gasto público: Esto incluye los esfuerzos para mejorar la prestación de servicios en el sector de la salud a través de la aplicación de la financiación basada en resultados en beneficio de los más pobres y los no asegurados. Un sistema nacional de seguimiento y evaluación de los programas públicos, y la creación de un portal electrónico de contrataciones para todos los procesos de contratación pública, también ayudarán a mejorar la eficiencia en la gestión financiera pública.
Mejorar la transparencia y la supervisión de las operaciones del gobierno: Mejora de la precisión y la publicación regular de estadísticas validadas sobre la pobreza y el establecimiento de mecanismos de monitoreo participativo, ayudarán a monitorear mejor el uso de los fondos públicos, incluidos los asignados al Pacto Nacional de Educación y las organizaciones sin fines de lucro que juegan un papel clave en la veeduría de la entrega de bienes y servicios de calidad a los más pobres.
La operación es un préstamo para política pública de desarrollo flexible del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), con un margen fijo y un reembolso total de 23 años, incluyendo un período de gracia de 11 años.
