[dropcap]L[/dropcap] [dropcap][/dropcap]as empresas de zonas francas en República Dominicana gozan de atractivos incentivos y exenciones para su operatividad, beneficios que les son otorgados a través de la Ley 8-90 de fomento a ese sector industrial.
Se estima que para el próximo año 2016, el Estado concederá a las zonas francas exenciones por el orden de los RD$37,249.9 millones, equivalentes al 17.5% del total de facilidades (gasto tributario) que concederá a los sectores productivos por un total de RD$212,378.9 millones.
Incluso, las exenciones que recibirán las zonas francas el próximo año por parte del Estado equivalen al 1.1% del producto interno bruto (PIB), lo cual no es nada despreciable.
Todas esas facilidades hacen que las zonas francas se tornen competitivas, al punto que el año pasado registraron exportaciones por valor de US$5,242.9 millones y en lo que va de este año llevan un crecimiento de 5%.
Las exenciones impositivas que el Estado concede a las zonas francas están motivadas, principalmente, al significado aporte que hacen a la economía social del país con la generación de empleos. De hecho, las 614 empresas de zonas francas instaladas en los 60 parques industriales distribuidos en todo el país registraron al cierre del 2014 un total de 153,342 empleos directos. Así lo indican informes oficiales del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE).
Muy pocos sectores de la economía generan tantos empleos como el de zonas francas, por lo que se podría pensar que las exenciones impositivas que reciben de parte del Estado se justifican.
Sin embargo, hay aspectos relacionados con la generación de empleos de las zonas francas que no se dan a conocer en los informes estadísticos donde se destacan los aportes de ese sector.
Muchas empresas de zonas francas impiden el establecimiento de sindicatos de trabajadores en su interior, lo cual limita la posibilidad de que los derechos laborales se respeten de manera adecuada. No es una situación generalizada, pues existen también empresas de zonas francas con estándares excelentes de trato y cumplimiento de los derechos laborales.
Pero otras no son así. Por ejemplo, hay empresas de zonas francas, nacionales y extranjeras, que incurren en la práctica de mantener una alta proporción de su nómina de empleados en condición de “contratados”.
Esos contratos se establecen por un período de tres meses y si les conviene continuar con el empleado los renuevan al cabo de ese plazo.
¿Por qué tres meses? Porque precisamente ese es el plazo máximo de prueba que establece en Código de Trabajo y a partir de esa fecha el empleador está obligado a pagar prestaciones laborales al empleado. Es decir, después de los tres meses, el trabajador adquiere categoría de empleado fijo con derechos laborales como la cesantía y otras prerrogativas.
Entonces, esas empresas de zonas francas informan sobre la cantidad de empleos “fijos” que generan, pero no especifican cuántos de esos empleados están en calidad de “contratados”, es decir, que no acumulan el fondo por derecho de cesantía.
Hay casos de personas que llevan años trabajando en empresas de zonas francas en condición de “contratados” con renovaciones trimestrales de sus contratos, y lo aceptan porque no tienen otra alternativa laboral.
La labor de determinar qué tan grande es la cantidad de empleados “contratados” en las zonas francas le corresponde, posiblemente, al CNZFE.
En tanto que la labor de corregir esa situación, que constituye un atentado en contra de los derechos de los trabajadores, ha de tocarle al Ministerio de Trabajo, así como la de hacer que las empresas de ese sector permitan el establecimiento adecuado, dentro de los parámetros legales, de los sindicatos de trabajadores.
Así, pues, para ser coherente con el slogan de este Gobierno, exhortamos a las dos damas que dirigen esas dos instituciones a que pongan “manos a la obra…”.
