Las personas con discapacidad tienen alto potencial para aportar en distintas áreas del mercado laboral dominicano, aunque actualmente están “minusvaloradas”. Su inserción en las empresas significaría no solo cumplir con la legislación nacional de inclusión, la no discriminación e igualdad de oportunidades, sino que aportaría un recurso eficiente y con altas competencias para las empresas.
Sin embargo, la participación y normalización de esta parte de la población al ámbito laboral constituye un reto. Para Osvaldo Canario, director ejecutivo del Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), ese tema no solo depende de factores internos de la institución, sino de la gestión de las empresas, inclusión ciudadana y reconocimiento de derechos amparados en la Ley 5-13 sobre las personas con discapacidad.
“Las personas con discapacidad estudian y se preparan. Por tanto, tienen todo el derecho de competir en el mercado laboral a la par de las personas sin discapacidad para aplicar y lograr cualquier tipo de posición en empresas y entidades de diversos sectores, basados en sus capacidades y no en sus condiciones”, resaltó Canario.
En República Dominicana los discapacitados participan en menor medida en el mercado laboral. De acuerdo con el Censo 2010, la población con alguna discapacidad (físico motora, visual, déficit atencional o auditiva) en el país asciende a alrededor de 1.2 millones, lo cual representa cerca del 12% de la población nacional.
De ese porcentaje, el 61.1% está económicamente inactivo para ambos sexos (46.9% en los hombres y 71.8% en las mujeres). En tanto, las tasas de participación y de ocupación son muy bajas, por lo que el desempleo es 2.4 veces mayor que en la población general. Estos datos se desprenden del estudio “Consecuencias sociales y económicas de la exclusión laboral de la población con discapacidad en República Dominicana” del Conadis.
El Ministerio de Trabajo está levantado los datos a través del Sistema Integrado de Registro Laboral (Sirla). Canario resaltó que los directivos y empleadores deben “caminar junto a nosotros” y recordar que no solo es un aspecto económico que se impulsa, sino también humano.
La Ley 5-13 ordena que un 2% de la nómina de las compañías sea de empleados con discapacidad, mientras que en el sector público debe ser un 5%. No obstante, desde el Estado no se le da seguimiento.
Falta de datos actualizados
El director ejecutivo de Conadis reconoció que la falta de cifras actualizadas sobre las personas con alguna discapacidad en el país impide, aún más, que se desarrollen acciones y políticas efectivas en favor de este segmento.
Para hacer eficiente la recolección de datos, el Conadis, en unión con el Grupo Washington, elaboró un set corto de preguntas para el próximo Censo Nacional, que se realizaría en el año 2022. Este cuestionario, además de estar aprobado internacionalmente, fue utilizado por el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) para su más reciente estudio sobre la situación de los discapacitados en el país.
Al igual que la implementación de cuota de empleo, la institución tiene como reto que cada política pública sea pensada para todos. “Para esto se hace necesario el enfoque inclusivo en cada acción que, desde el Estado, se ejecuten en y para los sectores salud, educación, empleo y protección social”, subrayó Canario.
Plan de acción
Desde el Conadis, el Gobierno diseñó un plan de acción en favor de esta población, sobre el cual Canario resalta: el fortalecimiento de la institución, implementación de un plan nacional de accesibilidad, mejorar los sistema de información de estadísticas y la puesta en marcha del Sistema de Valoración, Certificación y Registro de Discapacidad, para que los discapacitados y sus familias puedan acceder a beneficios y servicios sociales.
Para ejecutar esos proyectos y su operatividad general, la entidad cuenta con un presupuesto estatal de RD$218 millones, de los cuales aproximadamente RD$67 millones son destinados a las Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL) que ofrecen atención a personas con discapacidad.
Canario desea que la población en general entienda que la inclusión y desarrollo pleno de los discapacitados en el país no es una tarea solo del Conadis, sino que debe ser un compromiso común. “Nosotros podemos crear, impulsar, ejecutar y promover un sinnúmero de políticas y acciones, pero si no contamos allá afuera con el apoyo de la ciudadanía, nunca lograremos ver los frutos”, puntualizó.
