[dropcap]L[/dropcap]as micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) constituyen la mayor fuente de creación de empleos en República Dominicana. Es por ello que se han realizado esfuerzos, tanto desde el sector público como desde el privado, para incentivar la creación de Mipyme.
Sin embargo, no hay un marco jurídico para estimular a los emprendedores, a esas personas con ideas innovadores que toman el riesgo de dar inicio a una micro o pequeña empresa para hacer realidad su visión.
Con el propósito de llenar este vacío, el pasado martes 10 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura el Proyecto de Ley de Emprendimiento, que ahora pasa al Senado para su consideración.
La Ley de Emprendimineto, iniciativa del diputado David Collado, ha sido ampliamente respaldada por numerosas organizaciones del sector privado, muy especialmente la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE).
La Ley de Emprendimiento prevé que cada institución gubernamental que tenga relación con las Mipyme debe simplificar los trámites administrativos que sean realizados por esas organizaciones productivas. En este sentido, el Viceministerio de Fomento a las Pyme, adscrito al Ministerio de Industria y Comercio, queda encargado de supervisar y coordinar este proceso.
Por igual, la ley pone a cargo de ese Viceministerio brindar el apoyo requerido para el establecimiento de Centros de Incubación de Empresas en todo el territorio nacional. Estos centros deberán brindar apoyo con una serie de recursos y servicios especializados para facilitar el desarrollo de las Mipyme.
También se establece como una prioridad del Estado la promoción de políticas de financiamiento para las Mipyme, y para hacer esto realidad, se creará un fideicomiso público: Fondo de Contrapartida Financiera para el Desarrollo del Emprendimiento (CONFIE).
Ese fideicomiso financiará hasta un 70% de la inversión requerida por la Mipyme. El plazo de repago será de 48 meses, con los primeros 18 meses libres de pago de intereses y cuotas.
Para acceder al fondo deberá presentarse un plan de negocios ante una entidad bancaria o microfinanciera, y ésta institución es la que va a indicar que ha aprobado un co-financiamiento de al menos 20% de la inversión requerida. De esta manera, el riesgo no es únicamente del Estado, sino que será compartido con el sector privado.
Para reducir el abultado pasivo laboral, la Ley de Emprendimiento establece un régimen especial de seguridad social y pensiones que le será aplicable a las Mipyme durante sus primeros tres años de operaciones.
Esperamos que el Senado apruebe esta ley para que los emprendedores dominicanos cuenten con estas importantes herramientas para el desarrollo de su visión.
