Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) urgió priorizar la inversión en infraestructura y actualizar los marcos normativos y regulatorios de las telecomunicaciones en el Caribe, incluyendo a República Dominicana, que, según afirma, bajó cinco peldaños en el ranking global de banda ancha medido entre 2018-2020.
En tanto, en estos momentos la industria, el gobierno y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), con apoyo de financiamiento del BID, se disponen a destinar inversiones millonarias para superar el letargo que afectó al sector.
Específicamente, el Indotel ha anunciado financiamiento del BID por más de US$115 millones de dólares (unos 6,555 millones de pesos) de los cuales US$80 millones (4,560 millones de pesos) se destinarán a inversiones en fibra óptica, mientras se impulsan otras iniciativas destinadas a revertir a partir del próximo año 2022 la brecha de banda ancha y así lograr expandir los servicios de telecomunicaciones a zonas remotas del país.
La perspectiva de inversiones se enmarca en el Plan Nacional de Banda Ancha y otras iniciativas puestas en marcha por el regulador a partir del decreto número 539-20, mediante el cual el presidente Luis Abinader declaró de “alto interés nacional” el derecho de acceso universal al internet de última generación por parte de la población.
Al respecto, el presidente del Indotel, Nelson Arroyo, informó que a un año del decreto presidencial ha sido puesta en operación de manera oficial en República Dominicana la red 5G. Los detalles de este hito de la tecnología en el país fueron ofrecidos en el Palacio Nacional al presidente Abinader por los ejecutivos de Claro, Rogelio Viesca, presidente saliente, y Carlos Cueto, recién nombrado director general y CEO de la empresa, quienes detallaron los aspectos técnicos de los servicios de esta red que ya se aplica en 29 sectores del Distrito Nacional.
Como se puede apreciar, el gobierno se ha acogido a las recomendaciones de organismos internacionales como el BID y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para implementar sus planes de expansión de la banda ancha en el país.
Sobre el particular el presidente Arroyo ha dado garantía de que el Estado con apoyo de esos organismos internacionales y las alianzas estratégicas con instituciones nacionales realizará el Plan Nacional de Banda Ancha como parte de una serie de procesos que lleva a cabo el regulador, como son la licitación de bandas del espectro y sus adjudicaciones a las empresas Claro y Altice, con lo cual procura asegurar la implementación de la red móvil de quinta generación (5G) que llevará conectividad a todos los rincones, incluyendo zonas remotas.
El Informe IDBA, ¡ay el Informe!
En tanto, el Informe anual del Índice de desarrollo de la Banda Ancha y Brecha Digital en América Latina y el Caribe (IDBA 2020) del BID ha revelado el rezago en este renglón que afecta al país y otras naciones, planteándose la necesidad de invertir US$68 mil millones para cubrir la brecha de banda ancha en América Latina y el Caribe, con miras a cerrar el déficit existente frente a los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).
En la investigación auspiciada por el BID se incluyó a 61 países, 26 países de América Latina y el Caribe (ALC) y 35 de la OCDE que son miembros de la misma o que colaboran de una u otra manera con este organismo.
La actualización de dicho estudio o IDBA fue realizada por los expertos Antonio García Zaballos, Enrique Iglesias Rodríguez y Pau Puig Gabarró y lo publicó el BID en junio de 2021. Los 26 países de ALC sometidos a esta investigación fueron Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
El clúster de los 35 países de la OCDE lo integran Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, Corea, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Suecia, Suiza y Turquía.
“A pesar de que la inversión será fundamentalmente privada, el papel del sector público será crítico para articular asociaciones público-privadas que permitan llegar a las zonas más remotas y desconectadas”.
La pregunta obligatoria que se hace la parte introductoria del estudio es: “¿Está avanzando la región América Latina y el Caribe (ALC) en cerrar las brechas de acceso a la Banda Ancha?”, y agrega que: “Esta actualización del Índice de Desarrollo de la Banda Ancha (IDBA) conformado de 44 variables, muestra brechas persistentes y progreso lento en relación a cuatro pilares: “Políticas públicas y visión estratégica”, “Regulación estratégica”, “Infraestructuras” y “Aplicaciones y capacitación”.
Rezago RD en Ranking global IDBA
En cuanto a la República Dominicana, se ha establecido que está en la posición 52 con un Índice de 4.41 mientras registra que bajó 5 puestos en el ranking del índice del IDBA del 2020, en tanto puede observarse que “destacan especial y positivamente los casos de Barbados y Uruguay, los cuales suben 11 y 9 puestos, respectivamente”, indica la investigación.
El país igualmente se colocó en la posición 44 y bajó 10 puestos en el Subíndice de “Políticas Públicas y Visión Estratégica” del IDBA, ocupa el puesto 46 y subió tres peldaños en Regulación Estratégica, mientras tiene la posición 53 en Infraestructura donde registró una baja de 4 posiciones. En Aplicaciones y Capacitación la República Dominicana se mantiene en la posición 51 con un índice de 4.22.
En el índice se destaca que “el primer país de América Latina y el Caribe (ALC) en el ranking es Barbados, en el puesto 31. Le siguen Chile, Costa Rica, Brasil, Argentina, Uruguay y Bahamas, en los puestos 33, 38, 39, 40, 42 y 43, respectivamente”.
Precisa que entre los países que “han sufrido una bajada en su posición destacan significativamente Estonia , Israel y Panamá, que han descendido 11, 8 y 9 posiciones, respectivamente. Por su parte, Ecuador y República Dominicana han caído 6 y 5 posiciones. Estados Unidos se encuentra primero en el ranking de “Políticas Públicas”, debido principalmente al elevado gasto en investigación y desarrollo si se le compara con los demás países que están en la lista.
Escenarios de inversiones
En uno de los escenarios de inversión para el cierre de la brecha digital que hace la investigación en ALC, la República Dominicana con 219.98 habitantes por kilómetro cuadrado registra 7.48 de penetración de banda ancha fija (BAF) y 60.82 en el caso de la banda ancha móvil (BAM).
En tanto, en el escenario que se basa en un aumento de la penetración del 10% en la inversión en banda ancha, indica que para el Capex (inversión) Móvil de 10% se requeriría invertir 62 millones 466 mil 258.05 dólares en el país, mientras esa inversión aumentaría a 188 millones 994 mil 903.06 en caso de una Capex Fija de 10%, asegurando que en ese caso se generaría un aumento de 73 mil 037.61 empleos.
En un cierre de brecha haciendo la comparación entre la República Dominicana y los países de la OCDE, el Capex Móvil o inversión sería de 376,340,280.13 dólares y el Capex Fijo ascendería a 496,322,338.24 dólares, con un proyectado aumento de empleo de 315,922.56 y una inversión rural de 39.71%.
Ante este panorama nada halagador, la República Dominicana ha puesto en marcha una serie de iniciativas a través del regulador Indotel, con financiamiento del BID y la asesoría de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) e inversiones de empresas privadas dirigidas a revertir estos rezagos mediante el impulso de la banda ancha en el país.
La inversión público-privada
La nueva metodología usada para realizar la medición de la banda ancha ha precisado que con un total de CAPEX superior a US$68,000 millones en los 26 países de América Latina y el Caribe se generaría de manera directa más de 15 millones de empleos en la región.
“Si bien el sector privado realiza importantes esfuerzos de inversión cada año en la mayoría de los países, se necesita una inversión pública estratégica que logre articular asociaciones público-privadas que permitan llegar a las zonas más remotas y desconectadas de la región”, enfatiza el estudio.
Estima que el porcentaje de inversión rural que es necesario en cada país, en función de la densidad de la población y e l porcentaje de población rural, da lugar a que se concluya en el sentido de que, “cuanto mayor es este indicador, menor es la rentabilidad financiera esperada y más necesaria la intervención pública.”
En el IDBA se considera la medición de la banda ancha como “una herramienta potente, actualizada cada año, que permite identificar la magnitud de la brecha digital en dos enfoques geográficos diferentes (estado de un país frente al clúster al que pertenece y estado de un país frente a la OCDE”.
Explica que el BID ha elaborado este instrumento para avanzar su misión de ayudar al desarrollo de América Latina y el Caribe (ALC) y financiar los esfuerzos dirigidos a reducir la pobreza y la desigualdad social en la región.
Precisa que esta herramienta facilita la toma de decisiones, el desarrollo de políticas públicas y la elaboración de planes de acción concretos para el beneficio de cada país, incluso la priorización de financiamiento a los proyectos destinados a acelerar el desarrollo de la banda ancha.
Invertir en infraestructuras
En el estudio se plantea “invertir en infraestructuras y desarrollo de aplicaciones y programas formativos en el uso de la tecnología”, a la vez que para el Caribe establece la necesidad de “invertir en infraestructuras y actualización de los marcos normativos y regulatorios”.
“Este año –se destaca en el Índice del BID-se ha desarrollado una metodología para estimar el CAPEX (“inversión que el negocio necesita para disponer de activos fijos necesarios para su actividad productiva”) asociado al cierre de la brecha con la OCDE.
La investigación señala que la banda ancha deriva de las demandas de los consumidores y, por tanto, no es un concepto estático independiente del comportamiento del mercado, sino un concepto dinámico (moving target ) que evoluciona con las preferencias y necesidades de los usuarios.
Precisa que por el hecho de que la banda ancha está orientada a los usuarios, la misma requiere de una actualización continua de las infraestructuras y redes para mantener en los países sistemas de comunicaciones de última generación.
Igualmente se refiere a la existencia de diversos estudios a nivel internacional acerca de la relación entre el desarrollo económico de los países y su avance en términos de comunicaciones electrónicas.
Banda ancha y desarrollo
En la actualidad, el desarrollo aparece íntimamente ligado al de la banda ancha y al de los servicios de datos, y en general al hipersector de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) se precisó.
“En particular, un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estimó que un aumento promedio de 10% en la penetración de banda ancha en los países de América Latina y el Caribe (ALC) provocó una subida de 3.19% del PIB y de 2.61% de la productividad, a la vez que generó más de 67,000 empleos directos (García -Zaballos y López – Rivas, 2012)”.
Resalta asimismo que la educación, la salud y el desarrollo productivo de las empresas tanto públicas como privadas son cada vez más dependientes de las TIC, e incluso suele existir una fuerte dependencia entre ellas.
“La necesidad de un mayor ancho de banda supone un importante desafío para los países que buscan generar mejoras tanto en la situación de sus habitantes como en la competitividad en sus mercados”, se enfatiza la actualización de este estudio realizado por García Zaballos, Iglesias Rodríguez y Puig Gabarró.
Internet de alta velocidad
En el estudio se establece que “el acceso a internet de alta velocidad es un elemento esencial para el desarrollo socio-económico en la región. La pandemia de covid-19 ha puesto de manifiesto la importancia de contar con tecnologías digitales para poder acceder a servicios públicos, formación y al mercado laboral”.
Indica que el Índice de Desarrollo de la Banda Ancha (IDBA) que el BID publica desde 2012, tiene como objetivo “medir el acceso a banda ancha y tecnologías digitales en América Latina y el Caribe (ALC) y ofrecer una herramienta que permita medir y monitorear la brecha respecto de las economías de la Organización para la cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”.
Manifiesta que el IDBA se compone de cuatro pilares que se calculan en base a variables recopiladas anualmente, específicamente: 1) Políticas Públicas y Visión Estratégica; 2) Regulación Estratégica; 3) Infraestructuras, y 4) Aplicaciones y Capacitación.
Beneficios socioeconómicos
“Como se ha mencionado, se considera a la banda ancha como uno de los motores del desarrollo de una multiplicidad de sectores, al impulsar, mediante un aumento de la productividad y la eficiencia de los procesos, un crecimiento económico que a la vez mejora la calidad de vida y el bienestar social.
Existe una serie de beneficios socioeconómicos derivados de la inversión en banda ancha que se clasifican en “ cuantificables ” , ya que permiten medir directamente el valor económico que generan , e “ intangibles ” , ya que se trata de externalidades resultantes del impacto de la banda ancha en diversos sectores de la población para las que la medida del impacto en términos monetarios resulta complicada a la vez que subjetiva”, esboza el índice IDBA.
Entre los beneficios intangibles más importantes de la banda ancha están, “reducción de los gastos gubernamentales como consecuencia de la provisión en formato electrónico de los servicios de las instituciones del Gobierno, mayor transparencia en los procesos de gobierno y mejoramiento de las comunicaciones a nivel de país, propiciando un acercamiento entre las regiones aisladas, y posibilitando su desarrollo y el acceso a servicios básicos como la educación o la salud.
También, la compartición del conocimiento sobre culturas, idiomas y experiencias en la lucha para acabar con enfermedades, plagas o desastres naturales, incremento de las tasas de alfabetización y de los niveles educativos y reducción de la criminalidad y la violencia gracias, por un lado, de la disminución de la pobreza con el desarrollo de la región y el aumento de las oportunidades para sus habitantes, y por otro parte, a la instalación de más y mejores sistemas de vídeo vigilancia que aumentan el nivel de seguridad en las ciudades.
Asimismo, contribuye a la habilitación de servicios de telemedicina, ya que el mero hecho de mejorar la gestión de las citas y la disponibilidad de profesionales médicos posibilita una mayor eficiencia del sistema sanitario, lo que impacta directamente en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
Igualmente, contribuye a la creación de nuevas empresas y nuevas formas de relacionarse a nivel personal y comercial y al incremento de la recaudación fiscal, producto de la creación de nuevas empresas y mejoramiento de la productividad de las empresas al optimizarse los procesos y mejorarse la eficiencia. Esto conlleva mejoras en el time – to – market de sus productos y servicios.
