[dropcap]E[/dropcap]l Ministerio de Administración Pública (MAP) tiene la intención de aplicar la Ley General de Salarios Públicos, pero no ha podido. A mediados de este año, el ministro Ramón Ventura Camejo reveló que el Poder Ejecutivo no ha emitido el reglamento de aplicación porque se necesitan alrededor de RD$20,000 millones para su implementación.
Aquí está, sencillamente, la admisión implícita de la enorme distorsión que existe en el Estado en materia salarial, donde hay servidores públicos que ganan salarios olímpicos y otros cuyos ingresos que no alcanzan ni para cubrir el costo de la canasta familiar.
En cualquier institución pública, incluyendo alcaldías, distribuidoras de electricidad, CDEEE, Ministerios y donde sea que se busque, es frecuente encontrar una secretaria o recepcionista con un salario superior al de un ingeniero cuya capacidad y responsabilidad en el puesto es superior.
No se trata de denostar a la secretaria, sino que un ingeniero, por lógica, tuvo que “fajarse” con cálculos y matemáticas en diversos niveles para graduarse porque el ejercicio de su profesión, sea en la rama que sea, implica riesgos a la vida o salud humana.
No es extraño que la posición de director general reciba diferentes niveles de salarios y que un ayudante y asistente perciba un sueldo muchísimo más alto que la persona encargada de la entidad completa. Sencillamente es absurdo.
Sorprende o causa extrañeza el hecho de que no haya dinero para aplicar el reglamento de la Ley de Salarios en el Estado, cuando entre 2013 y agosto de 2014 la nómina pública pasó de 393,000 a 440,898 empleados, un aumento de 47,801 personas en la nómina, para un incremento de RD$1,540 millones, al pasar de RD$6,318 millones a RD$7,858 millones.
A principios de este mes, la Tesorería Nacional informó que ya empezó a depositar en el Banco de Reservas más de RD$11,000 millones por concepto del salario número 13. La cantidad a depositar para pagar el salario de Navidad indica claramente un aumento significativo del monto que se paga en sueldos, lo que es una muestra de que la no publicación del reglamento debe estar relacionada con otra razón.
Todo aquel ciudadano que realice una función útil al Estado merece un salario decente. Los empresarios, entre los que ha estado José Luis Corripio, y hasta el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, lo han dicho en innúmeras oportunidades. La distorsión salarial no hace más que desincentivar a aquellos que saben que merecen un mejor ingreso.
