El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmará este viernes una orden ejecutiva en la que exigirá que se firmen convenios colectivos entre los trabajadores y las constructoras para todos aquellos proyectos de infraestructuras con fondos del Gobierno que superen los 35 millones de dólares.
Según adelantó la Casa Blanca en un comunicado, se prevé que la medida afecte a unos 200,000 trabajadores en el sector de la construcción y a proyectos de infraestructuras por un valor total aproximado de 262 millones de dólares, tomando como referencia los datos de 2021.
La orden, que tendrá carácter inmediato, ayudará a “aliviar los retos de coordinación y gestión” que ralentizan este tipo de proyectos, según el Gobierno estadounidense, y permitirá así “completar las obras a tiempo y obtener el mejor valor del dinero de los contribuyentes”.
Los convenios colectivos, firmados por representantes de los trabajadores, por un lado, y de la empresa, por otro, determinan cuestiones como los salarios, las contribuciones al seguro médico y al plan de pensiones, las vacaciones y festividades y los métodos de resolución de conflictos, entre otros.
El pasado 15 de noviembre, Biden firmó un histórico plan de infraestructuras, por valor de 1.2 billones de dólares, que permitirá la mayor modernización del país en más de una década y supuso una victoria para el mandatario a la hora de materializar su agenda económica.
En esa ocasión, el mandatario auguró que la ley “modernizará los puertos, los aeropuertos, el ferrocarril de mercancías… para facilitar que las compañías lleven bienes al mercado y reducir los atascos en la cadena de suministros”.
Agregó que ayudará también a crear una mayor “resiliencia” frente a la sequía, los incendios y los huracanes.
La ley contempla 550,000 millones de dólares en nuevas inversiones en infraestructuras en los próximos 5 años, además de 65,000 millones de dólares para mejorar la banda ancha y 7,500 millones dólares para crear una red de estaciones de recarga de coches eléctricos, entre otras partidas.
La Cámara Baja aprobó el proyecto con 228 votos a favor y 206 en contra, con 13 republicanos apoyando la legislación junto a los demócratas, que controlan este hemiciclo.
Esa votación puso punto final a meses de negociaciones entre los legisladores, después de que fuera aprobada en agosto en el Senado.
