Puerto Rico afronta una oportunidad histórica para ordenar sus finanzas y dar un impulso a su maltrecha economía, después de aprobarse un plan que cancela cerca del 80 % de la deuda del Gobierno central, que durante años lastró el crecimiento de la isla.
El acuerdo, aprobado en enero por la jueza federal de EE.UU. Laura Taylor, anula miles de millones de dólares en pagos a los acreedores y supone la reestructuración de deuda más grande en la historia del mercado de bonos municipales de Estados Unidos.
El gobernador puertorriqueño, Pedro Pierluisi, siempre ha insistido en que el Plan de Ajuste de Deuda (PAD) es “esencial para terminar con el proceso de quiebra y regresar al progreso”, pero las protestas en la calle de los sectores afectados por los recortes han sido frecuentes.
DEUDA MILLONARIA
La deuda de 70,000 millones de dólares fue emitida por más de una docena de entidades, incluido el Gobierno, el sistema de retiro de empleados públicos, corporaciones y la Universidad de Puerto Rico.
El anuncio de aprobación del PAD es para la deuda de 33,000 millones de dólares del Gobierno central, reducida a 7,300 millones, una vez reestructurado durante el pasado lustro más de un tercio de la cantidad inicial.
El PAD hace posible reducir los pagos de la deuda de 3,900 millones a 1,150 millones por año y que el Gobierno pague a los acreedores cerca de 7 centavos de cada dólar que recauda, en vez de 25.
El secretario de Estado de Puerto Rico y director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, señaló a Efe que con el PAD la deuda se reduce de forma notable.
“Esta reducción nos permite entrar en un nivel sustentable. Antes de la reestructuración, Puerto Rico destinaba el 28 % de sus ingresos para pagar deuda”, recordó.
“Ahora tenemos un perfil de deuda más limpio, más claro y con certeza para acreedor y mercado”, destacó.
PASO DECISIVO PERO CON MATICES
José Caraballo, catedrático de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y expresidente de la Asociación de Economistas, dijo a Efe que el PAD es “un paso decisivo” para poner fin a una situación que ha condicionado la marcha de la isla, de poco más de 3 millones de habitantes.
“La aprobación de la deuda por parte de la jueza federal tiene puntos positivos y negativos”, valoró Caraballo, quien matiza que los términos del acuerdo pueden no ser suficientes para hacer frente a la gestión de las cuentas públicas del Gobierno.
El proceso de reestructuración de la deuda comenzó años con otras entidades antes de certificarse el PAD.
En febrero de 2019 fue aprobado un plan para la Corporación de Financiamiento del Impuesto sobre las Ventas (COFINA), que pasó de deber 18,000 a 12,000 millones de dólares.
En mayo de 2017, el Gobierno de Puerto Rico y el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) firmaron un acuerdo con los acreedores de esa entidad financiera, cuya deuda se redujo de 5,000 a 3,000 millones.
AÑOS DE ENFRENTAMIENTO
La aprobación del PAD pone fin a cerca de cinco años de enfrentamientos judiciales con los acreedores, pero, sobre todo, permitirá a la isla volver a financiarse en los mercados de capital.
El proceso tiene su raíz en junio de 2015, cuando el entonces gobernador, Alejandro García Padilla, reconoció que la deuda era impagable, lo que llevó a instaurar la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
Esa entidad fue establecida para controlar la finanzas de este Estado Libre Asociado a EE.UU., tras la aprobación en el Congreso estadounidense en 2016 de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, en inglés).
La directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, dijo a Efe que el PAD era “la mejor opción”, entre otras razones porque los “países pueden reestructurar su deuda, pero no los estados -en referencia a la isla, territorio de EE.UU.-“.
“En Puerto Rico, antes de Promesa, no había un mecanismo, un método para reestructurar la deuda. Si no hubiera sido por ella, (…) se tendría que haber pagado toda. Nos dio una forma y un proceso sostenible. Sin Promesa tendríamos que pagar 33.000 millones de dólares”, sostuvo.
Jaresko advirtió asimismo que “hay que cambiar cómo se gestionan las finanzas” en Puerto Rico y “no se pueden cometer los errores del pasado”.
Los problemas económicos que condujeron a la quiebra se remontan a 1996, cuando EE.UU. anunció el fin de la sección 936 del Código de Rentas Internas, programa de incentivos fiscales que permitió la llegada de empresas que impulsaron la economía.
El fin de ese plan coincidió con la práctica del Gobierno de recurrir al endeudamiento, hasta que fue imposible cumplir con los acreedores en 2015.
TEMORES A UN AUMENTO DE LA POBREZA
Aunque el Ejecutivo asegura que se trata de la única opción, sectores sociales y empleados públicos denuncian que el plan -que, además de estipular cuánto se paga a los acreedores, establece las partidas de gasto del Gobierno- les dejará pensiones irrisorias.
Recortes en educación y en la universidad pública son otras de las denuncias en una isla en la que la pobreza golpea a parte de la población y donde son visibles infraestructuras en mal estado y edificios abandonados.
El presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Víctor Bonilla, aseguró a Efe que el PAD afectará de forma permanente las pensiones de los docentes.
“El plan de ajuste de la deuda va a llevar a los maestros a la indigencia”, sostuvo, tras recordar que en el nuevo escenario algunos docentes perderán hasta 500 dólares mensuales en sus jubilaciones.
Otro de los sectores implicados en el proceso son los 165.000 acreedores, entre ellos fondos, residentes de Puerto Rico y retirados, que se tendrán que contentar con lo que establece el plan.
