Los países de la UE consideran que la invasión de Ucrania exige romper su dependencia energética de Moscú y van a programar el cierre del grifo del gas y del petróleo rusos pero, como el impacto de cortar ahora sería elevadísimo para sus economías, han decidido hacerlo progresivamente.
Este es el compromiso salido de la cumbre europea de dos días celebrada en Versalles, y que incluye sobre todo un mandato a la Comisión Europea para que de aquí a mediados de mayo presente un plan detallado sobre la forma de reducir este año en dos tercios las compras de gas ruso.
“Es algo factible. No es una prohibición, sino una reducción” de las compras de gas ruso, puntualizó este viernes al término de la cumbre la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que quiso dejar claro que los Veintisiete se desmarcan del embargo a los hidrocarburos rusos decretado por Estados Unidos.
Von der Leyen afirmó que “a medio plazo, tenemos que desembarazarnos de la dependencia del gas y del petróleo rusos”, y precisó que el mandato debe concretar también la forma de no comprar ningún hidrocarburo a Moscú en el horizonte de 2027.
El gas ruso representa cerca del 40 % del que se consume en la UE, aunque ese porcentaje varía mucho entre unos países y otros. En España representa apenas un 8 % o un 20 % en Francia, mientras que en Alemania supone alrededor del 55 % y en Finlandia o en Rumanía el 100 %.
Por eso las posiciones de los jefes de Estado y de Gobierno eran de partida diferentes, y en el compromiso final de no cortar inmediatamente las importaciones de gas y petróleo a Rusia -que le reportan cada día 800 millones de dólares-, pesaron sobre todo las reticencias de Alemania y de otros Estados del flanco este.
MACRON MANTIENE LA AMENAZA DEL GAS
El canciller alemán, Olaf Scholz, defendió ese compromiso como “una decisión consciente, fundamentada y comprensible. No podemos interrumpir por nuestra parte esas importaciones”. Scholz insistió en que “estamos en una posición distinta a la de Estados Unidos” y eso significa que hay que ir “paso a paso” para recortar esa dependencia.
El presidente francés, Emmanuel Macron, sin desmarcarse de esa línea, no se quiso privar de la amenaza de cerrar los grifos del gas y del petróleo para hacer presión sobre Vladímir Putin cuando se le preguntó sobre esa posibilidad.
“Si Rusia intensifica los bombardeos, asedia Kiev e intensifica las escenas de guerra, sabemos que tendremos que endurecer las sanciones. Y entonces, no nos prohibimos nada. Nada es tabú”, advirtió.
Los Veintisiete han elaborado un catálogo de medidas para ir recortando la dependencia de Rusia y al mismo tiempo garantizar el suministro energético sin perder el horizonte de alcanzar cero emisiones netas de dióxido de carbono (CO2) en 2050 para limitar el cambio climático.
A corto plazo, se pretende suplir el gas ruso con compras a “países amigos”, según la terminología de Bruselas, entre los que figuran Estados Unidos, Noruega, Argelia, Catar o Azerbaiyán.
También se prevé invertir “masivamente” en las energías renovables y acelerar el despliegue de parques eólicos y fotovoltaicos simplificando los procedimientos administrativos, aumentar la eficiencia energética e incitar a los consumidores a prácticas de ahorro, por ejemplo bajando la temperatura de la calefacción.
LA REFORMA ELÉCTRICA TENDRÁ QUE ESPERAR
España, como Francia y algunos otros países, habían puesto esperanzas en conseguir avances en sus exigencias para que se reforme el mercado de la electricidad, pero en ese punto tendrán que esperar como mínimo hasta la próxima cumbre del 24 y el 25 de marzo. Y tal vez unas semanas más, hasta mayo.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, no pudo esconder su impaciencia para que la UE acepte desacoplar los precios de la electricidad de los del gas, que se han puesto por las nubes por el “chantaje” de Putin.
“Tenemos que tomar medidas” y “creo que es mejor que las tomemos a nivel europeo”, dijo Sánchez, que recordó que su Gobierno ya está aplicando rebajas o anulaciones de impuestos para proteger a particulares y empresas. Unas medidas con un costo para las arcas públicas evaluadas en 7,000 millones de euros por el departamento de Economía.
