El gobernador de Santiago de Chile, Claudio Orrego, anunció este lunes un inédito plan de racionamiento de agua para la capital ante la eventual necesidad de cortar los suministros, un escenario que no descartan en el corto plazo las autoridades ante la grave sequía que atraviesa el país.
“Hay que darse cuenta de la situación en la que estamos. Ya llevamos 12 años de sequía , por lo tanto existen hartas posibilidades de que tengamos este tipo de situaciones”, dijo Orrego en un punto de prensa.
El protocolo establece cuatro tipos de alerta en función de la emergencia, siendo la más grave la “alerta roja”, que permitiría realizar cortes rotativos de un máximo de 24 horas.
El racionamiento afectaría a más de 1.5 millones de personas de los casi 8 millones que habitan la Región Metropolitana y que se abastecen de agua del río Mapocho y el río Maipo.
Antes, señaló el gobernador, podrían darse otros tres panoramas: alerta verde, que implica la priorización de uso de aguas subterráneas; alerta preventiva, que exige la verificación de recursos, y alerta amarilla, que implica la reducción de presiones de salida del agua.
Este plan entraría en vigor si desde el Gobierno decretan el racionamiento de agua, algo que el pasado marzo, el nuevo presidente, Gabriel Boric, no descartó en el corto o mediano plazo, especialmente en las tres zonas del este de Santiago que atraviesan la situación más crítica.
Según el mandatario, son Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura, tres de los barrios más acomodados del país, los que más riego corren ya que también son los que más agua consumen, superando la media mundial por cuatro o cinco veces, según un estudio de la Universidad de Chile.
Chile es el país con mayor crisis hídrica de todo el hemisferio occidental y el 76% de su territorio está afectado por la sequía desde hace una década, según Greenpeace.
Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), 2021 fue el cuarto año más seco desde que hay registros y todas las regiones presentaron un déficit del 50% en las precipitaciones, especialmente las de la zona central, que acoge a Santiago.
Los expertos achacan la falta de agua a la escasez de lluvias, pero también al régimen de propiedad de agua, que se encuentra en un 80% en manos privadas, principalmente de grandes empresas agrícolas, mineras y de energía.
Este sistema se sustenta en el Código de Aguas de 1981 -redactado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990)-, una regulación que entregó a perpetuidad los derechos de agua y los convirtió en bienes transables.
