A la espera del visto bueno por parte del Poder Ejecutivo, el proyecto de ley de aranceles a tasa cero es una de las principales estrategias gubernamentales para garantizar, por un período transitorio, que los productos importados lleguen hasta los consumidores a precios asequibles.
Es en su carácter temporal que el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor Bisonó, subrayó como una de las principales razones por las cuales el proyecto no afectaría la competitividad del sector agropecuario, una de las preocupaciones actuales de muchos productores.
“La vista hace fe y, en ese tiempo (de aplicación de la ley) se va a encargar. ¿Cuánto dura la ley? Seis meses. La ley tiene una comisión para estudiar si hay alguna requisición de abastecimiento en República Dominicana, porque no lo hay. Y, si eso sucede, hay una comisión ampliada por más de nueve miembros, que convocará a los sectores que impacten al sector privado”, manifestó el ministro durante su visita a la Feria Agropecuaria del Norte (Agropenor), la segunda de las ocho ferias que realizará este año el Ministerio de Agricultura.
El titular de la cartera agropecuaria, Limber Cruz, se refirió a este tema en la tarde del sábado en San Francisco de Macoris, en el que enfatizó que la producción nacional “no debe temerle a eso”.
“Los productores saben que hay que cuidar la producción nacional. (Lo que se produce aquí) en calidad y cantidad no hay que traerlo a otra parte. Tan sencillo como eso. Ahora, lo que no, hay que traerlo de fuera, porque también hay que proteger al consumidor con calidad y buenos precios, manifestó Cruz.
Reiteró, al igual que Bisonó, que el reglamento de aplicación será dirigido por un grupo de instituciones encabezadas por Agricultura, lo que otorgaría transparencia en el proceso.
La ley de aranceles a tasa cero fue una de las iniciativas anunciadas por el presidente Luis Abinader para combatir la inflación importada y el alza de materias primas en los mercados internacionales, como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania.
Una de las principales críticas a la ley que han realizado organizaciones agropecuarias e industriales es que la eliminación de los impuestos a productos importados no garantiza que los artículos de la canasta básica familiar se vendan a menores precios.
