El Gobierno argentino resolvió este viernes reorganizar funciones del área económica del Ejecutivo con el objetivo de fortalecer la “reactivación productiva” y abordar el problema de la inflación, que el país arrastra desde hace años pero que se ha agravado hasta el punto de anotar en abril pasado el mayor índice de las últimas tres décadas.
En un comunicado, los Ministerios de Economía y de Desarrollo Productivo señalaron que la Secretaría de Comercio Interior, hasta ahora dependiente de esa última cartera, pasará a “depender funcionalmente” de la de Economía, donde continuará en su cargo el actual secretario Roberto Feletti.
Ese traspaso, matiza el texto, excluirá algunas funciones específicas que pasarán a depender de la Secretaría de Industria en el Ministerio de Desarrollo Productivo.
También se producirán otras modificaciones dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo: la actual Subsecretaría de Economía del Conocimiento ampliará sus funciones y pasará a tener rango de Secretaría, mientras que el área de Desarrollo de Proveedores y Compre Argentino pasará a tener rango de Subsecretaría.
Por otro lado, el Fondo de Capital Social, que dependía de Economía, integrará ahora el de Desarrollo Productivo, en la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores.
El comunicado detalla además que, “con el objetivo de coordinar planes de inversión y generar planes estratégicos”, se creará la Coordinación Nacional de Empresas Públicas Industriales dentro de la Secretaría de Industria y Gestión Comercial Externa, y el Ministerio de Desarrollo Productivo tendrá representantes en ciertas empresas públicas industriales.
Por último, se creará el Consejo Nacional de Desarrollo Siglo XXI para institucionalizar el ámbito de planificación del desarrollo productivo y la formulación, implementación y monitoreo del Plan Argentina Productiva 2030.
Todas estas medidas, destinadas a “fortalecer acciones vinculadas a la reactivación productiva y al abordaje de la problemática inflacionaria”, quedarán materializadas en un decreto presidencial.
Una decisión gubernamental que se produce después de que el índice de precios al consumidor (IPC) se ubicara en abril en el 58%, la mayor subida interanual en tres décadas, lo que ha incrementado las críticas, tanto desde la oposición como de sectores del oficialismo hacia la política económica del Ejecutivo de Alberto Fernández, que si bien ve a la inflación como un gran problema, reitera la influencia que ha tenido en los precios la invasión rusa a Ucrania.
