El Gobierno de Brasil reguló este viernes, vía decreto presidencial, el mercado de créditos de carbono en el país, con la expectativa de que genere más de US$100,000 millones hasta 2030, según cálculos oficiales.
El texto instituye el Sistema Nacional de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (Sinare), que centralizará los registros relacionados con la difusión de este tipo de gases, que impactan en el calentamiento global, y su comercialización mediante créditos.
Los ministerios de Medioambiente y Economía tendrán que ponerse de acuerdo para implementar y delimitar las funciones de este nuevo órgano rector, que deberá poseer mecanismos de integración con el mercado regulado internacional.
La medida también exige a los ministerios competentes, incluidos los de Medioambiente y Economía, presentar planes sectoriales para mitigar el cambio climático y en los cuales se establecerán metas graduales de reducción de emisiones de efecto invernadero.
Asimismo, los sectores económicos afectados por el decreto, entre ellos la industrias de bienes duraderos, química, papel y construcción civil tendrán 180 días, prorrogables, para presentar sus propios proyectos sobre el asunto al Gobierno.
“Creamos oficialmente el mercado (de carbono), comienza a regularse y ahora hay un proyecto siendo discutido en el Congreso para terminar de consolidarlo”, dijo la secretaria de Productividad y Competitividad del Ministerio de Economía, Daniella Marques, en la retransmisión semanal del presidente Jair Bolsonaro.
Antes de este decreto, que también incluye la posibilidad de transferir créditos de metano, en Brasil ya funcionaba un mercado de carbono informal y de carácter voluntario, es decir, nadie era obligado a compensar sus emisiones bajo unos límites.
Ahora, el Gobierno sienta la bases para implementar un mercado de carbono regulado, con metas específicas y obligatorias para determinados sectores industriales.
La Administración de Bolsonaro, cuya gestión medioambiental es objeto de duras críticas por los altos niveles deforestación en la Amazonía y por recortar el presupuesto para fiscalizar los delitos ecológicos, prometió reducir un 50% las emisiones contaminantes del país hasta 2030 y alcanzar la neutralidad de carbono hasta 2050.
