El Banco Mundial (BM) alertó este lunes de que la economía del Líbano se contraerá este año un 6.5% si las autoridades no implementan un esperado paquete de reformas y las acusó de un retraso “continuo y deliberado” a la hora de actuar para frenar la grave crisis económica.
“El retraso continuo y deliberado para abordar los factores causantes de la crisis no solo representa una amenaza a nivel socioeconómico, sino también un riesgo de fracaso sistemático por parte de las instituciones estatales y de presión sobre una paz social ya frágil”, advirtió el director regional del organismo, Saroj Kumar Jha.
En un comunicado, Kumar recordó que tras dos años y medio de crisis el Gobierno todavía no ha lanzado “un programa extenso de reforma y recuperación para evitar que el país se hunda más”, una tarea para la que ha perdido “un tiempo precioso” y “numerosas oportunidades”.
De acuerdo con el BM, la clase dirigente libanesa ha creado un sistema “disfuncional” y un Estado incapaz de preservar su capacidad de gobierno ante los conflictos políticos, algo que se ha visto reflejado en el manejo de la crisis iniciada a finales de 2019 en la nación mediterránea.
“El Líbano necesita avanzar urgentemente en la adopción de un plan creíble, extenso y justo de estabilización macrofinanciera y recuperación, así como acelerar su implementación si quiere evitar la completa destrucción de su red social y económica, y parar inmediatamente el daño irreversible a su capital humano”, reza la nota.
Ante la gravedad de la situación económica y el “incierto” escenario político, el organismo ha decidido modificar su marco de colaboración con el Líbano para que la ayuda se concentre en los sectores que afectan directamente a la población más vulnerable.
Las elecciones parlamentarias de hace dos semanas han desatado una espiral de pérdidas récord de valor en la moneda local y han dejado un Hemiciclo marcado por la fragmentación, lo que vaticina nuevos bloqueos políticos y, por ende, más demoras en la implementación de reformas.
La grave depresión ha empujado a más del 80% de los libaneses por debajo del umbral de la pobreza y ha dejado al país sin apenas electricidad, combustible y otros servicios básicos.
