[dropcap]L[/dropcap]a empresa Data Crédito elaboró una propuesta de ley para financiar a iglesias protestantes en República Dominicana, la que envió a diferentes personalidades y organismos del Estado para su análisis y posible aprobación, lo que permitiría que esas instituciones sean subvencionadas con dineros de los contribuyentes.
El presidente de Data Crédito, Porfirio de Jesús López Nieto, indicó que para la elaboración de esta propuesta se han tomado en cuenta las precarias condiciones económicas en que las iglesias dominicanas desempeñan su labor en beneficio del país. Añade que estas instituciones contribuyen a la paz social y promueven la decencia y los valores por medio de la evangelización.
López Nieto pondera en su moción que de los recursos obtenidos por el Estado vía el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los salarios por encima de RD$34,103.75 mensuales, percibidos por empleados públicos y privados, se destine entre el 5% y el 10% para financiar a las iglesias, anulando con esto la posibilidad de crear nuevos impuestos para tales fines.
Esta propuesta de ley fue discutida con representantes de las iglesias evangélicas, entre los que estuvieron Samuel Guzmán, director ejecutivo de la Confederación de Unidad Evangélica (Codue); Braulio Portes, del Ministerio de la Cristianización; Luis Alberto Reyes, de la Iglesia Jesucristo Fuente de Amor; y Genaro Pediet Suriel, de Batallón Comunitario, entre otros representantes.
En la propuesta se establece que a ningún ciudadano se le debe obligar a entregar este impuesto a las iglesias, lo que garantizaría el respeto a los no creyentes y la libertad de continuar pagando sus impuestos al fisco de manera habitual.
El ejecutivo de Data Crédito recordó que el año pasado el monto retenido a los empleados contribuyentes, que suman un millón 961 mil 825, fue de RD$27,589.9 millones. Indica que el 5% de este monto equivale a RD$1,379.4 millones, en tanto que el 10% representa RD$2,758.9 millones.
Señala que cualquiera de los dos montos que se pondere para ese financiamiento podría tener un impacto social extraordinario, lo que a su vez contribuiría a mejorar la calidad de vida de miles de personas que viven en situaciones vulnerables.
Además se propone que las iglesias deberán comprometerse a rendir informes anuales que detallen en cuáles programas sociales han invertido los recursos entregados por el Estado para su financiación, hecho que garantizaría la transparencia, que a su vez deberá ser comprobada por la Cámara de Cuentas.
