[dropcap]N[/dropcap]o hay dudas de que la generación de empleos formales es la mejor forma de combatir la pobreza. Incluso, con los deprimidos e injustos salarios que se pagan en el país, tanto en el Estado como en el sector privado, el hecho de tener un empleo formal contribuye a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familiares.
En el país existen muchas zonas deprimidas, donde las únicas fuentes de empleos formales son los cuarteles militares, escuelas, centros médicos y oficinas municipales (alcaldías y distritos).
Mientras tanto, el Gobierno promueve los programas de asistencia social, especialmente Progresando con Solidaridad, que se constituyen en una especie de dádiva de unos cuantos cientos de pesos a miles de familias de escasos recursos y a algunas que no son tan pobres.
Sin embargo, está demostrado que con asistencia regalada no se motiva a los ciudadanos a apreciar lo que reciben, además de que se les condiciona a mantenerse inactivos para seguir recibiendo la “ayuda” en calidad de pobres.
En cambio, con un programa masivo de generación de empleos formales, el Gobierno puede redirigir la asistencia social de manera más efectiva y productiva, contribuyendo también a dinamizar la economía en las zonas donde se aplique.
A continuación mi propuesta:
Podemos poner de ejemplo la producción de bienes que se constituyan en materia prima para la industria nacional como maíz, soja, trigo u otro bien para producir aceites comestibles y harina.
El Gobierno puede promover la producción masiva de esos cultivos en zonas en donde actualmente no se produce nada. Crear un emporio empresarial, que bien pudiera ser con las estructuras del antiguo Consejo Estatal del Azúcar (CEA), que actualmente es un elefante blanco, y nombrar como empleados a cientos y hasta miles de campesinos que actualmente están desempleados.
Se puede decir que la producción de esos bienes para suplir a la industria local tiene costos que superan su valor importado. Es cierto, pero ahí es donde interviene el Gobierno como subsidiario, pero no para subsidiar dádivas, sino para subsidiar empleos, es decir, aportar los recursos para completar la diferencia entre el costo de operación y el precio de venta de los productos que se generen de esas empresas estatales rurales.
De esa forma, los miles de trabajadores que recibirán salarios de esas empresas subsidiadas estatales, sentirán la dignidad de que lo que reciben no es un “dao”, sino el fruto de su trabajo, de su esfuerzo en el cultivo, recolección y procesamiento de los bienes mencionados.
Hay zonas donde no se dan esos cultivos, pero sí otros que no necesitan de mucha agua ni de condiciones de suelo favorables, como el piñón para extraer aceite que luego puede mezclarse con el gasoil como combustible.
Imagínense las grandes extensiones actualmente desérticas de terrenos del Suroeste del país sembradas de piñón con cientos de miles de campesinos trabajando en su cultivo para suplir a empresas de combustibles para la mezcla con gasoil, bajo la supervisión, por supuesto, de organismos reguladores del Estado.
El resultado sería la generación de cientos de miles de empleos formales en zonas económicamente deprimidas; reducción de la emigración de campesinos hacia la ciudad, pues tendrían empleos en sus comunidades; dinamismo de la economía en esos lugares, pues se crearían nuevos pequeños negocios como tiendas, comedores, hoteles, restaurantes, bares, discotecas; fortalecimiento de la dignidad humana de esos miles de trabajadores que se sentirán útiles y productivos a la sociedad; crecimiento de la actividad industrial local, que se supliría de materia prima nacional subsidiada por el Estado, pero no directamente, sino en los salarios de los trabajadores, y mayor generación de divisas y ahorro interno, pues las empresas que se suplirían de esa materia prima podrían exportar más y generar dólares, además de que van a importar menos, porque los insumos estarían aquí.
Lo anterior puede parecer difícil, pero en realidad sería fácil y posible si se le inyecta la fórmula mágica: “voluntad política”; y para evitar desfalcos y robos, eso sí, hay que ver quién o quiénes se encargarían de la estructuración y administración de ese nuevo emporio social para el empleo formal en zonas rurales. ¡Es mi propuesta!
